El Gobierno nacional, a través del decreto 383/2025, dispuso una profunda reestructuración de la Policía Federal Argentina (PFA) que encendió las alarmas en el Congreso. La medida, impulsada por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, será analizada por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia por posibles violaciones a la Ley 25.520.
El decreto crea el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), deroga un decreto-ley vigente desde 1958 y lanza una reorganización interna que incluye cambios en la estructura, funciones y presupuesto de la PFA, culminando con el traspaso de funciones a la Ciudad de Buenos Aires iniciado en 2016.

“Desde hoy tendremos una PFA enfocada en desarticular organizaciones criminales”, expresó Milei, y defendió el decreto como parte de una modernización que garantice “una policía más preparada que los narcos y los terroristas”.
La diputada de Unión por la Patria (UxP), Mónica Litza, advirtió: “Bullrich impulsa tareas de ciberpatrullaje sin orden judicial y detenciones sin control. Estamos frente a un virtual estado de sitio”.
Por su parte, José Glinski sostuvo que el DFI implica “crear una agencia de inteligencia policial sin pasar por el Sistema Nacional de Inteligencia”, lo que vulneraría controles establecidos por ley. “Esta reforma debilita la democracia y criminaliza la protesta social”, denunció.
En el Senado, el bloque Convicción Federal pidió la revisión inmediata del decreto. Fernando Salino alertó sobre “nuevas facultades para detener, requisar y vigilar redes sociales sin autorización judicial”.
El diputado Leopoldo Moreau anticipó una denuncia judicial contra Bullrich por ordenar la recolección de datos sobre manifestantes que viajaron a Buenos Aires en apoyo a Cristina Kirchner. “Están armando una base de datos ideológica, prohibida por la Constitución”, acusó.
Desde el PRO, la diputada Laura Rodríguez Machado defendió la medida al sostener que fue adoptada dentro de las facultades delegadas por la Ley Bases, vigente hasta el 7 de julio. “Se trata de una reforma que pone a la Policía Federal a la altura del crimen organizado”, afirmó.
El próximo 25 de junio, el jefe de Gabinete Guillermo Francos deberá dar explicaciones en el Senado sobre la reforma, en una audiencia que promete ser clave en el debate sobre el rumbo de la seguridad nacional.