La Cámara de Diputados debatirá si conforma una comisión para investigar a los diputados libertarios que se reunieron en el penal de Ezeiza con represores condenados por delitos de lesa humanidad en la última dictadura.
La decisión se adoptará en una reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, convocada para las 14.30 por la presidente de ese cuerpo, Silvia Lospennato (PRO).
Ese organismo parlamentario se reunirá luego que la diputada Lourdes Arrieta, cuya expulsión del bloque de La Libertad Avanza (LLA) se discutía esta noche, filtrara unos chats donde se sugiere que se presentarían proyectos para lograr la libertad condicional de represores condenados de delitos de lesa humanidad.
Los condenados por esos delitos no tienen el beneficio de la prisión domiciliaria que les correspondería por tener más de 70 años, como es el caso de las personas condenadas por otros delitos.
La controversia se desató el pasado 11 de julio cuando seis diputados de LLA concurrieron al penal de Ezeiza, en una visita organizada por el legislador libertario Beltrán Benedit.
Concurrieron Guillermo Montenegro -un dirigente cercano a la vicepresidenta Victoria Villarruel-, María Fernanda Araujo y Alida Ferreyra Ugalde, además de la ya mencionada Arrieta.
La comisión comenzó a analizar la semana pasado los proyectos impulsados por los legisladores de Unión por la Patria (UxP) Germán Martínez y Vanesa Siley, y de la propia Arrieta, y mañana definirá si finalmente conforma esa comisión, aunque ya perdió fuerza la posibilidad de que expulsen a esos legisladores.
En la reunión realizada la semana pasada se escucharon los fundamentos de los autores de las cinco iniciativas que piden una investigación en la Cámara Baja.
En esa ocasión, Arrieta dijo que fue "engañada ya que nunca se nos informó la identidad de los detenidos" y reclamó que se investiguen a Benedit y al propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Los legisladores se entrevistaron en el penal de Ezeiza con Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Adolfo Donda y Antonio Pernías, entre otros represores.
Los diputados implicados llevaron a la cárcel de Ezeiza el borrador de un proyecto de ley elaborado por el sacerdote Javier Olivera Ravasi, hijo de un represor condenado y activista de derecha, que propone morigerar las condiciones de detención de los genocidas con el beneficio de la prisión domiciliaria.
