El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) confirmó que los próximos 10 y 11 de noviembre de 2026 se realizarán las audiencias por el reclamo presentado por la Argentina contra el Reino Unido, en el marco de la controversia por la explotación petrolera en las inmediaciones de las Islas Malvinas.
La decisión fue adoptada este martes por el presidente del organismo, Maurice Kamga, quien dispuso que las exposiciones se desarrollen en la sede del tribunal, ubicada en Hamburgo, Alemania. Las audiencias serán públicas y podrán seguirse mediante una transmisión en vivo.
El procedimiento responde a una solicitud presentada por el Gobierno de Javier Milei el pasado 13 de octubre, mediante la cual pidió la aplicación de medidas provisionales para impedir que continúe avanzando el proyecto petrolero Sea Lion, situado al norte del archipiélago.
Qué reclama la Argentina
La presentación argentina apunta a impedir que el Reino Unido autorice nuevas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la zona mientras se desarrolla el proceso de arbitraje internacional.
Entre los principales planteos, el Gobierno solicita que se suspendan las actividades petroleras, que no se otorguen nuevas licencias y que se adopten medidas para preservar el medioambiente marino.
Uno de los argumentos centrales es el riesgo ambiental que podría generar un eventual derrame de petróleo, cuyas consecuencias podrían extenderse hacia aguas bajo jurisdicción argentina.
El reclamo se sustenta en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que contempla la posibilidad de solicitar medidas urgentes antes de que se constituya el tribunal arbitral encargado de resolver la controversia.
El proyecto petrolero que desató el conflicto
La disputa gira en torno a Sea Lion, un emprendimiento ubicado aproximadamente a 198 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, desarrollado por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.
El proyecto contempla la perforación de numerosos pozos petroleros y tiene previsto comenzar su producción durante el primer trimestre de 2028. Sin embargo, las tareas preparatorias y de infraestructura ya se encuentran en marcha.
Desde el Gobierno argentino sostienen que estas actividades representan una intervención unilateral sobre recursos naturales de una zona cuya soberanía continúa en disputa.
Por su parte, el Reino Unido rechazó los cuestionamientos argentinos y defendió las licencias otorgadas por las autoridades de las islas, aunque confirmó su participación en el procedimiento internacional.
Qué puede ocurrir después de las audiencias
Durante las jornadas del 10 y 11 de noviembre, los representantes de ambos países expondrán sus argumentos ante los jueces del Tribunal del Mar.
El organismo deberá determinar si existen fundamentos jurídicos y condiciones de urgencia suficientes para ordenar las medidas provisionales solicitadas por la Argentina.
Una resolución favorable al planteo argentino tendría carácter obligatorio para el Reino Unido, aunque no significaría una definición sobre la soberanía de las Islas Malvinas.
De esta manera, el conflicto por los recursos hidrocarburíferos del Atlántico Sur ingresará en una nueva instancia judicial internacional, mientras continúa vigente el histórico reclamo argentino por la soberanía del archipiélago.
