La Provincia firmó por primera vez un protocolo que permitirá a personas víctimas de trata o explotación acceder a su documentación mediante un procedimiento especial, gratuito y confidencial. La medida busca garantizar el derecho a la identidad y evitar que los trámites administrativos se conviertan en un obstáculo para quienes atraviesan estas situaciones.
Santa Cruz dio un paso importante en materia de protección de derechos humanos con la firma de su primer protocolo de documentación destinado a víctimas de trata de personas y explotación, una herramienta que permitirá agilizar la obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI) y garantizar una atención diferenciada.
El acuerdo fue firmado este lunes 19 de octubre en las instalaciones del Registro Civil de Río Gallegos, con la participación del subsecretario de Derechos Humanos, Rubén Fernández, y la subsecretaria de Asuntos Registrales, Carla Bahamonde.
La iniciativa establece un mecanismo de trabajo conjunto entre ambos organismos para que las personas afectadas por estos delitos puedan recuperar su documentación de manera rápida, gratuita y bajo estrictas condiciones de confidencialidad.
Recuperar la identidad, un derecho fundamental
Uno de los principales objetivos del protocolo es dar respuesta a una problemática frecuente en situaciones de trata y explotación: la retención o sustracción de documentos personales como mecanismo de control sobre las víctimas.
En este sentido, Fernández explicó que la herramienta fue elaborada durante los últimos meses y está especialmente orientada a mujeres y personas que atraviesan situaciones de explotación.
El funcionario señaló que la privación de documentación constituye una de las formas utilizadas para limitar la autonomía de las víctimas y dificultar su acceso a derechos básicos.
El nuevo procedimiento permitirá agilizar los trámites y facilitar la restitución de la documentación, evitando demoras innecesarias en situaciones que requieren una intervención urgente.
Atención especial y resguardo de la confidencialidad
Por su parte, Carla Bahamonde explicó que el protocolo contempla la activación inmediata de un circuito administrativo especial cuando se detecta una situación de trata o explotación.
"Lo que contempla este protocolo es que, para todas aquellas personas que se encuentren en situación de trata y/o explotación, se activa de manera inmediata un sistema que permite la confidencialidad del caso concreto y el acceso al DNI de manera gratuita y rápida", detalló.
Además, destacó que la atención será diferenciada, con medidas destinadas a preservar los derechos y la privacidad de las personas involucradas.
El acuerdo también prevé capacitaciones para el personal del Registro Civil, con el objetivo de garantizar un trato respetuoso, digno y adecuado a las circunstancias de cada caso.
En situaciones de mayor complejidad, los equipos podrán trasladarse hasta el lugar donde se encuentre resguardada la víctima para realizar las gestiones correspondientes.
Santa Cruz, entre las pocas provincias con este mecanismo
Desde el Gobierno Provincial destacaron que se trata del primer protocolo de estas características que se firma en Santa Cruz.
Bahamonde señaló que la provincia se encuentra entre las pocas jurisdicciones del país que cuentan con una herramienta específica para facilitar el acceso a la documentación de personas víctimas de trata o explotación.
Asimismo, remarcó el trabajo articulado con el Ministerio de Desarrollo Social y otros organismos provinciales para fortalecer los mecanismos de asistencia.
Buscan comenzar a aplicarlo en casos concretos
Rubén Fernández adelantó que ya existen situaciones en las que se pretende implementar este procedimiento y explicó que resta que los ministros correspondientes refrenden la firma del acuerdo.
El funcionario vinculó la iniciativa con la decisión del gobernador Claudio Vidal de mejorar la coordinación entre las distintas áreas del Estado para brindar respuestas más rápidas a las personas que necesitan asistencia.
También hizo hincapié en la importancia de la prevención y la participación de la comunidad para detectar posibles situaciones de trata.
Con este nuevo protocolo, Santa Cruz busca garantizar que las víctimas de trata y explotación puedan recuperar su documentación sin costos, con mayor rapidez y bajo condiciones de confidencialidad, como parte del proceso de restitución de sus derechos y recuperación de su autonomía.
