El Gobierno prohibió en todo el país la importación, fabricación, comercialización y almacenamiento de juguetes blandos tipo "Squeezy dumpling", “squeeze toy/squishy” con forma de gyoza o dumpling, a partir de denuncias y reportes que los vinculan con posibles riesgos para la salud de los consumidores.
La medida quedó establecida mediante la Disposición 690/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial. La decisión alcanza a productos identificados con nombres como “Squeezy Duplings”, “Dumpling Squishy”, “Dumpling Squishy Viral con Glitter y Orbis” y “Dumpling Squishy con Steamer Box”, además de aquellos que se comercialicen de manera genérica y sin marca declarada.


El alcance de la prohibición no se limita a los puntos de venta. Importadores, fabricantes y comerciantes deberán retirar las unidades existentes y proceder a su destrucción o descarte de manera segura e inmediata, de acuerdo con la normativa vigente.
El eje de la disposición está puesto en la seguridad de los productos destinados al uso infantil. Según el texto oficial, los juguetes podrían contener benceno, ftalatos u otras sustancias químicas tóxicas en concentraciones superiores a las permitidas por las normas técnicas de seguridad aplicables en Argentina.
La medida se fundamenta además en denuncias y antecedentes relacionados con la comercialización de juguetes infantiles importados que podrían contener sustancias peligrosas por encima de los niveles autorizados. Entre los compuestos mencionados aparecen algunos con potencial cancerígeno y mutagénico, cuyos riesgos estarían asociados al contacto con la piel o a la inhalación.


La decisión tiene alcance nacional y se sustenta en el marco de protección establecido por la Constitución Nacional y la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. El artículo 42 de la Constitución reconoce el derecho de los consumidores a la protección de su salud y seguridad, mientras que la normativa de defensa del consumidor establece que los bienes y servicios deben ofrecerse de manera que no representen un peligro para la integridad física en condiciones previsibles de uso.
El expediente también incorpora antecedentes provenientes de otros países. La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) presentó denuncias y la autoridad tomó conocimiento de una alerta emitida en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre productos de características similares.
Otro de los aspectos observados fue que varios de estos juguetes se comercializaban sin información o advertencias en idioma nacional, pese a estar destinados al uso infantil.
La disposición establece además una obligación específica para quienes comercialicen estos productos a través de internet. Los vendedores deberán informar de manera destacada en sus sitios web los alcances de la prohibición dentro de las 72 horas hábiles desde la entrada en vigencia de la norma. La exigencia comprende a importadores, fabricantes y comerciantes mayoristas y minoristas que utilicen canales digitales.
Aunque la prohibición tiene carácter general, la norma contempla una excepción para determinados operadores. Quedarán fuera de la medida los fabricantes, importadores o comercializadores que puedan acreditar la inocuidad de los juguetes mediante una declaración jurada de conformidad y las certificaciones correspondientes, además de demostrar que cumplen estrictamente con las normas técnicas de seguridad aplicables.
En esos casos, la Dirección General de Aduanas podrá liberar las importaciones una vez que se verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos.
La aplicación complementaria de la medida estará a cargo de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo, dependiente de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, que forma parte de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía. Ese organismo podrá establecer disposiciones adicionales para facilitar la implementación y difusión de la prohibición.