La semana pasada, mientras el Senado debatía proyectos que tensionaron el equilibrio fiscal del Gobierno, hubo un punto de coincidencia entre oficialismo y oposición: el rechazo al fallo de la jueza Loretta Preska, de los tribunales de Nueva York, que ordenó a la Argentina entregar el 51 % de las acciones de YPF a los fondos Eton Park y Burford.
En ese contexto, legisladores de distintos bloques buscaron consensuar un texto único que exprese el respaldo institucional del Congreso a la defensa del Estado argentino en el litigio internacional. Incluso se planteó la posibilidad de avanzar con una sesión secreta para tratar el tema en profundidad.
Sin embargo, el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, pidió cautela: “Es un tema delicado y requiere una verdadera intervención quirúrgica del Senado”, advirtió. Si bien destacó la voluntad de todos los sectores de defender los intereses del país, reclamó un documento “muy específico y contundente”, por lo que se resolvió postergar la votación.
Desde Unión por la Patria, el senador Oscar Parrilli respaldó la propuesta y afirmó: “Para nosotros, YPF debe ser un elemento que nos una a todos los argentinos. Vamos a adherir porque priorizamos el interés de la patria”.
En esa línea, José Mayans, jefe de UxP, inició conversaciones con el titular del bloque oficialista, Ezequiel Atauche, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, y otras bancadas, para organizar una sesión en agosto con participación de funcionarios del Ejecutivo. Se espera que estén presentes autoridades del Ministerio de Economía, la Procuración del Tesoro y de YPF, incluido su presidente, Horacio Marín.
El objetivo será analizar las implicancias legales y políticas del fallo en un ámbito reservado, en el que los representantes del Estado puedan informar sobre las acciones judiciales que se encuentran en curso. La sesión se celebrará después del receso invernal de 15 días, que comienza este viernes.
Desde el radicalismo, Maximiliano Abad y Pablo Blanco presentaron un proyecto que considera que cumplir con el fallo de Preska sería un grave avasallamiento a la soberanía nacional. Señalan que la transferencia de acciones de YPF requeriría aprobación por mayoría calificada del Congreso, lo que vuelve el dictamen “jurídicamente improcedente y políticamente inaceptable”.
“El caso YPF no es solo un litigio: es una nueva batalla por nuestros recursos soberanos”, remarcó Abad, y advirtió que el fallo busca condicionar la gestión estatal del petróleo, en favor de intereses especulativos.
En el mismo sentido, la senadora rionegrina Mónica Silva presentó un proyecto de resolución en el que calificó el fallo como “agraviante a los principios del Derecho Internacional Público y lesivo a la soberanía” de la Argentina.
Desde UxP, Sergio Leavy también elevó una iniciativa en la que reivindica el derecho del Estado a conservar el 51 % de las acciones, conforme a la Ley 26.741, de reestatización. En su texto, calificó el dictamen de Preska como una “violación a la soberanía energética” del país.
Por su parte, Oscar Parrilli apuntó a una dimensión más estructural del conflicto: “Este dictamen no solo desconoce los principios de nuestra Constitución, sino que forma parte de una estrategia de colonialismo financiero que pone en riesgo nuestros recursos estratégicos”, denunció.
Además, ingresó al Senado una resolución de la Legislatura de Neuquén, que solicitó a las autoridades nacionales expresar su repudio terminante al fallo de la magistrada estadounidense.
