La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), organismo clave en la defensa judicial del Estado, anunció una profunda reestructuración interna que incluyó el despido de más de 60 empleados y la eliminación de dos direcciones nacionales, además de otras áreas técnicas. Aunque oficialmente se enmarca en la reducción del gasto público promovida por la Ley de Bases, en el trasfondo existe una fuerte sospecha de filtración de información confidencial en la causa por la expropiación de YPF que se tramita en Estados Unidos.
Según trascendió en Casa Rosada, el Gobierno detectó filtraciones no autorizadas sobre la estrategia legal argentina en el juicio, y no se descarta que información sensible haya sido vendida o transferida a los fondos demandantes. Sin embargo, en el comunicado difundido por la PTN no se hace ninguna referencia a estos hechos. En cambio, se habla de una reorganización orientada a lograr "una administración más ágil, moderna y efectiva".
“Es un recorte histórico de personal con más de 60 desvinculaciones”, detalló la Procuración, presidida por Santiago Castro Videla, que además confirmó la disolución de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, lo que implicará una fuerte reducción en tareas de capacitación.
Desde el inicio de esta gestión en febrero, la PTN ya redujo su plantilla en más de un 20%. Además, se eliminarán "lujos jerárquicos", gastos en comitivas y viajes oficiales, y se reorganizarán funciones superpuestas para centralizar tareas estratégicas dentro del propio organismo.
En cuanto al funcionamiento futuro del cuerpo de abogados del Estado, se informó que muchas de las tareas que antes eran tercerizadas serán absorbidas internamente, en el marco de una política de "autosuficiencia y austeridad".
No obstante, la tensión es evidente. “El Procurador Castro Videla está haciendo una purga. Estamos hablando de un organismo que maneja causas que cuestan muchos millones de dólares”, señaló una fuente del Ejecutivo. La causa por YPF, que se desarrolla en Nueva York ante la jueza Loretta Preska, es una de las más delicadas para el Estado argentino.
Por el momento, el Gobierno optó por no confirmar públicamente que hubo venta de información, pero dentro de la Procuración hay preocupación por el impacto que estos movimientos puedan tener en la posición legal del país en litigios de alto perfil.
