El gobierno de Yamandú Orsi atraviesa un alto nivel de conflictividad laboral en cinco sectores importantes de la actividad económica -frigorífico, lechero, pesquero, transportistas y combustibles- mientras las cámaras empresariales piden acción por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), conducido por Juan Castillo.
La gestión del Frente Amplio (FA) enfrenta una basta conflictividad gremial, siendo una de las más recientes el del sector lechero. A pesar de haber llamado a reuniones tripartitas, e incluso encuentros entre el sindicato y Conaprole, las soluciones tardan en llegar.
El hecho es que el anuncio del cierre de la planta 14 de Conaprole, ubicada en Rivera, se incorporó al eje de la discusión que ya venía encendida. Esto provocó que la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) se declare en sesión permanente ante el anuncio, que implicaría la pérdida de al menos 40 empleos directos e indirectos.
Por su parte, los transportistas también cuestionan las decisiones de la gestión frentista. La Asociación de Transportistas del Uruguay (ATRADU) llevó a cabo una reunión con los trabajadores del sector esta semana para expresar el rechazo a tres medidas impuestas por el gobierno para lograr un mayor control en el transporte.
Los cambios propuestos por la gestión de Orsi tienen como fin controlar el contrabando, el lavado de activos, las cargas y la evasión y comprenden la exigencia de una huella digital de los choferes, la geolocalización obligatoria de los vehículos y la implementación de una guía de carga. Sin embargo, según el gremio, esto provocará un aumento en los costos en un sector que ya viene sufriendo ese tema.
El sector pesquero en alerta
Desde hace más de 50 días, el sector de la pesca viene acarreando una gran inconformidad con las cámaras empresariales. Los pesqueros alcanzaron un punto crítico: más de 30 embarcaciones se encuentran varadas en puerto desde hace semanas, con pérdidas estimadas en 15 millones de dólares y cerca de 2.000 trabajadores sin actividad.
Además, desde el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) reclama que se incorporen tripulantes extra para cubrir guardias de descanso. La ministra de Industria, Energía y Minería (MIEM), Fernanda Cardona, mencionó que trabaja en conjunto con los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) para reconducir este conflicto.

“Al Ministerio de Trabajo le pasó el agua por arriba, los tapó el agua. Hemos tenido varias reuniones con la dirección y con el ministro e, incluso, alguna reunión en Presidencia también, pero evidentemente les pasa por arriba porque según dice las autoridades, no tienen forma de hacer cumplir el convenio”, aseguró el presidente de CIPU, Juan Riva-Zucchelli en diálogo con Ámbito.
Desde el MGAP adelantaron que se llevará a cabo un plan nacional de desarrollo de la actividad pesquera y acuícola con el objetivo de consolidar "una política de Estado orientada, una gestión soberana, equitativa y sostenible de los recursos acuáticos”.
Entre los principales objetivos del plan se encuentra la diversificación de especies que ya muestran sobreexplotación (como la merluza y la corvina) y virar hacia otros recursos, además de la negociación de los cupos de pesca con Argentina. Así, los principales ejes del proyecto del gobierno están orientados a la capacitación, la gobernanza, la infraestructura y el empleo.
El conflicto de Fancap y el temor al desabastecimiento
Otro de los sectores protagonistas este fin de semana fue el de los combustibles. Los reclamos de Fancap se dieron a raíz del presupuesto que delinea el gobierno, ya que el gremio considera que hacen falta mayores inversiones y un incremento en la cantidad de trabajadores para la empresa estatal. El presidente del sindicato, Salvador Sprovieri, aseguró que el conflicto se produce “exclusivamente” por la cuestión presupuestal, al repasar que “entre 2015 y 2025 se eliminaron alrededor de 800 vacantes, que hoy podrían estar ocupadas”.
Esto, derivó en en un paro de 24 horas este fin de semana con riesgos de afectaciones en el stock en aeropuertos en medio del comienzo de las vacaciones de invierno. Sin embargo, desde el MTSS, el Ministerio de Industrias, Energía y Minería (MIEM), en conjunto con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) llamaron al sindicato para que este martes comiencen los diálogos en torno al presupuesto asignado a la empresa estatal.
Frigoríficos en alerta y las soluciones criticadas del gobierno
El último de los conflictos para el gobierno incluye al sector frigorífico. Desde la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines (Foica) advirtieron que la situación es "insostenible" y que muchas familias están completamente desprotegidas desde el mes de junio.
"Tenemos casi 1.500 trabajadores en seguro de paro, pero lo más grave es que a cerca de 1.000 se les venció el beneficio y no perciben absolutamente nada desde junio. Algunos ni siquiera cobraron los 3 últimos meses del seguro extendido", aseguró en su momento el presidente de Foica, Martín Cardoso.

Como solución provisoria, el gobierno anunció la suspensión provisoria de las exportaciones de ganado en pie con intenciones de fomentar la faena interna. “La alerta es que tenemos algo así como 1.030 obreros en seguro de paro, de los cuales 590 se vencen en junio, y hay seis empresas del sector cerradas, con valores que son récord”, dijo el ministro Alfredo Fratti en una conferencia de prensa en la que tuvo que dar explicaciones a partir de esta decisión que generó cuestionamiento dentro de las cámaras agrícolas.
Malestar de los empresarios
Leonardo Loureiro, quien asumió el martes al frente de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE), y en diálogo con la prensa, opinó sobre el desarrollo del gobierno en las actividades gremiales. “La conflictividad a nosotros nos preocupa en todos los sectores de actividad económica. Todavía no empezamos los consejos de salario y ya hay determinada expresión desde el punto de vista de conflictividad", comentó.
"En el caso de la pesca es bastante sorprendente, en el caso nuestro una de las cosas que vemos es uno de los estudios que dice que el potencial económico que tiene la pesca es gigantesco y, sin embargo, no llegamos ni a aprovechar el 10% de ese potencial. Si queremos ser un país desarrollado, que es lo que pusimos en nuestras pautas de agenda para el desarrollo, tenemos que explotar al máximo todos los recursos económicos disponibles al alcance de las empresas y del Estado”, apuntó.