El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, pidió condenar al expresidente Jair Bolsonaro y a siete de sus antiguos colaboradores por el supuesto intento de golpe de Estado contra su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva.
En sus alegatos finales, Gonet solicitó a la Corte Suprema condenar a los acusados por cinco delitos: "golpe de Estado", "organización criminal armada", "tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho", "daño cualificado por violencia grave o amenaza" y "deterioro de patrimonio protegido".
Bolsonaro y el resto de imputados, entre los que se encuentran antiguos ministros de su gobierno (2019-2022) y militares de alto rango, se enfrentan a una posible pena que va entre los 12 y los 40 años de prisión.
El fiscal general afirmó que hay "un amplio conjunto de pruebas", que incluye manuscritos, archivos digitales, intercambio de mensajes y planillas, que revelan "la trama conspiratoria contra las instituciones democráticas".
Además, los interrogatorios realizados a lo largo de la causa evidenciaron la participación de los acusados en "una organización criminal" que buscó "impedir el funcionamiento de los poderes y derrocar un gobierno legítimamente electo, además de la destrucción de edificios públicos", indicó la Fiscalía en una nota.
En el documento presentado este martes, el fiscal Gonet afirma que el expresidente "figura como líder" de la organización criminal es el "principal articulador, mayor beneficiario y autor de los actos más graves" dirigidos "a la ruptura del Estado democrático de Derecho", según citó el sitio G1.
"Con el apoyo de miembros del alto escalafón del gobierno y sectores estratégicos de las Fuerzas Armadas, movilizó sistemáticamente agentes, recursos y competencias estatales, en contra del interés público, para propagar narrativas no verídicas, provocar instabilidad social y defender medidas autoritarias", agregó en su escrito.
Gonet vinculó así de manera directa a Bolsonaro y a los otros siete acusados con los graves episodios del 8 de enero de 2023. Ese día, una semana después de la investidura de Lula, miles de simpatizantes de ultraderecha vandalizaron las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia para forzar una intervención de las Fuerzas Armadas que apartase del poder al líder socialdemócrata.
Así, el fiscal general concluye que los ocho acusados orquestaron acciones para garantizar su "permanencia autoritaria en el poder a través de tentativas de ruptura violenta del orden democrático".
"No exercício do cargo mais elevado da República, instrumentalizou o aparato estatal e operou, de forma dolosa, esquema persistente de ataque às instituições públicas e ao processo sucessório", afirma Paulo Gonet.
El caso contra Bolsonaro y sus más estrechos colaboradores tramita en la Primera Sala del Supremo, que ya cerró la fase de instrucción.
Declaraciones
Presentados los alegatos finales de la Fiscalía, será el turno ahora de los imputados presentar sus posiciones al respecto.
Solo después el juicio entrará en su etapa final y quedará listo para sentencia, lo cual en el propio tribunal se prevé que puede ocurrir entre septiembre y octubre próximos.
Además del juicio contra estos ocho acusados, señalados como los líderes de la trama golpista, están pendientes de juicio otra treintena de sospechosos.
El juicio contra Bolsonaro se ha visto recientemente sacudido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció un arancel del 50% a las importaciones brasileñas por considerar que su aliado es víctima de una "caza de brujas".
