Así lo sostiene el Partido Obrero de la provincia de Santa Cruz ante el Proyecto de Ley N° 289 Ley de Protección del Entorno Escolar y del Derecho a la Educación sin interferencias", impulsado por el bloque oficialista.
El comunicado completo:
"Al Gobierno provincial de Claudio Vidal y al Consejo Provincial de Educación, dirigido por Iris Rasgido, hace rato que se les fue de las manos el problema de las condiciones edilicias en las instituciones educativas.
Desde hace semanas se multiplican los reclamos de docentes, madres, padres y estudiantes ante la falta de respuestas frente a edificios que se caen a pedazos, pérdidas de gas, falta de agua, calefacción deficiente y otras situaciones que ponen en riesgo la integridad de la comunidad educativa.
En Río Gallegos, hace unas semanas, un grupo de familias de la EPP N.º 78 se movilizó hacia Casa de Gobierno y al Consejo de Educación luego de que se suspendieran las clases por una alerta de pérdida de gas. A esto se suma la aplicación de un esquema de rotación de cursos para "garantizar" el dictado de clases en las pocas aulas que están en condiciones mínimas. Esa es la "solución" que el CPE encontró ante la falta de infraestructura escolar.
En Pico Truncado, la semana pasada, el centro de estudiantes y el cuerpo de delegados del Secundario N.º 45 encabezaron movilizaciones exigiendo refacciones edilicias urgentes. Ante la falta de respuesta, en asamblea decidieron tomar el colegio, una medida que se sostuvo durante varios días.
No se puede tapar el sol con un dedo
Los reclamos por el estado crítico de los edificios escolares no son nuevos. Pero en estos meses, la situación se agravó al punto de evidenciar la pérdida sistemática de días de clase debido a escuelas que directamente no pueden abrir sus puertas por razones de seguridad.
ADOSAC, el sindicato docente de la provincia, llevó esta problemática a las paritarias y convocó a un paro provincial ante el hartazgo generalizado por la ausencia de soluciones concretas.
¿Qué hace el Gobierno ante esto? El bloque oficialista "Ser Santa Cruz" presentó un proyecto de ley que busca prohibir protestas, reclamos, el uso de megáfonos, bombos y cualquier manifestación en las inmediaciones de las escuelas públicas y privadas, incluso dentro de un radio de 200 metros. Además, pretenden aplicar sanciones y permitir la intervención de fuerzas de seguridad para hacer cumplir la norma.
Un proyecto autoritario
Lo más grave de esta iniciativa es que apunta a criminalizar la protesta social, militarizar el entorno escolar y atacar de lleno derechos fundamentales como la libertad de expresión, organización y participación.
Se trata de un ataque sin precedentes en Santa Cruz contra el derecho a la protesta y la disidencia política, en un lugar que debería promover el pensamiento crítico y la participación democrática. El proyecto pretende disciplinar a directivos, docentes y trabajadores de la educación, al mejor estilo del gobierno de Javier Milei y otras expresiones patronales que desprecian los derechos sociales.
Repudiamos este intento autoritario del bloque Ser Santa Cruz. Ninguna ley represiva va a ocultar la realidad de una crisis educativa que grita por todos lados".
