Un proyecto de ley presentado por diputados del bloque SER en la Legislatura de Santa Cruz generó un inmediato rechazo por parte de sectores docentes y gremiales, que lo consideran un intento de criminalizar la protesta social. La iniciativa, firmada por José Luis Quiroga, Fabiola Loreiro, Santiago Aberastain y Cristian Ojeda, lleva el nombre de “Ley de Protección del Entorno Escolar y del Derecho a la Educación sin Interferencias” y busca restringir manifestaciones en inmediaciones de establecimientos educativos durante los horarios de clase.
El texto prohíbe concentraciones, protestas, uso de bombos, megáfonos, altoparlantes u “otros elementos generadores de ruidos molestos” en un radio de 200 metros de cualquier escuela pública o privada. También incluye sanciones para quienes infrinjan la norma, habilita la intervención de fuerzas de seguridad y extiende el control al ámbito digital, al incluir a las plataformas oficiales de las instituciones como parte del “entorno escolar protegido”.
Desde el ámbito sindical, la Agrupación Lila de ADOSAC emitió un comunicado en duros términos, denunciando que se trata de una iniciativa “profundamente regresiva” y con “reminiscencias autoritarias”.
“La reciente presentación del proyecto de ley Nº 289 representa un preocupante retroceso en los derechos democráticos conquistados. Lejos de proteger, esta iniciativa amenaza con restringir la participación y el pensamiento crítico en los espacios educativos”, afirmaron.
Según expresaron, el verdadero objetivo del proyecto no es cuidar el derecho a la educación, sino “despolitizar el conflicto educativo y relegarlo al silencio”, criminalizando el derecho a la protesta y apuntando contra la organización colectiva de docentes y estudiantes.
“Se busca expulsar de la esfera pública una lucha legítima, invisibilizando las causas profundas de una crisis estructural que atraviesa a la educación pública. Se pretende castigar a quienes, desde hace décadas, han hecho de la calle su aula más honesta”, señalaron desde la agrupación.
Además, alertaron sobre la habilitación de fuerzas de seguridad en las inmediaciones de las escuelas como un riesgo para la convivencia democrática: “Lejos de proteger, militariza el conflicto social, como si manifestarse frente a una escuela fuera un acto delictivo y no el ejercicio legítimo de un derecho fundamental”.
El comunicado también hace referencia al contexto político en el que se impulsa este tipo de propuestas, relacionándolo con otros proyectos presentados por los mismos legisladores, como el de Presentismo Docente.
Finalmente, la Agrupación Lila convocó a toda la comunidad educativa y a organizaciones sociales y de derechos humanos a rechazar públicamente esta normativa: “La educación no necesita silencio, sino voces. No necesita represión, sino inversión. No necesita control, sino participación. Seguiremos en las calles. Seguiremos enseñando a luchar. Seguiremos defendiendo el derecho a una educación pública, crítica y emancipadora”, concluyen.
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