Se trata de un reclamo que lleva años en la Justicia. El fallo salió luego de las elecciones y ordenó a la Provincia a indemnizar a los dueños de tierras en un área protegida frente al Glaciar Perito Moreno. Además, piden la urgente presentación del plan de manejo.


La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de una demanda iniciada por propietarios de tierras en la Península Magallanes. Se trata de tierras en un área protegida ubicada frente al Glaciar Perito Moreno.

El fallo salió por unanimidad con los votos del presidente del tribunal, Horacio Rosatti, y los jueces Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Ricardo Lorenzetti se abstuvo de votar.

Dos empresas que tienen tierras en esas áreas -Cohiue SRL y Apen Aike SA fueron las demandantes que pidieron la inconstitucionalidad de la ley provincial 2662 y de sus antecesoras -leyes 2492, 2442, 2425, 2387, 2372, 2355 y 2316.

Las leyes imposibilitan aun hoy que pueda disponer de su propiedad y desarrollar su quehacer comercial, en tanto prohíben realizar cualquier acto que pudiera comprometer el destino de las tierras hasta que se sancione el “Plan de Manejo”, que resulta inexistente al día de la fecha. Por tales motivos consideran que esas leyes son contrarias a los derechos constitucionales de propiedad, de trabajar y ejercer el comercio.

En su defensa, Santa Cruz invocó su competencia para dictar las normas sobre la base del deber de preservar el medio ambiente. La Corte Suprema, hizo lugar a la demanda y declaró la invalidez de las prohibiciones establecidas.

Los denunciantes indicaron que mientras a ellos se les impedía avanzar con un desarrollo comercial, el gobierno provincial favoreció al hotel Los Notros, el único que está dentro de la Reserva Provincial Península de Magallanes, que si bien estaba instalado allí antes de la creación de la reserva, hizo después ampliaciones y mantuvo su actividad comercial sin objeciones por parte de las autoridades. Actualmente el hotel pertenece a Cristóbal López.

La provincia fue intimada a fin de que en el plazo de 120 días dicte un Plan de Manejo. Además ordenó la indemnización de $ 240.000 en concepto de daño emergente, y de
$6.426.080 a título de pérdida de chance, con más los intereses, que se deben computar a la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina.