El próximo martes 8 de julio vence el plazo de vigencia de las facultades delegadas que el Congreso otorgó al Ejecutivo nacional al aprobar la Ley Bases, y el Gobierno de Javier Milei se prepara para presentar una última ofensiva desreguladora en ese marco.
Según trascendió, las medidas serían anunciadas entre el lunes y el martes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y están siendo ultimadas por el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, en conjunto con la Secretaría Legal y Técnica, liderada por María Ibarzábal Murphy.
Entre las iniciativas más destacadas figura la pérdida de autarquía de organismos descentralizados como el INTA y el INTI, que dejarían de depender del Ministerio de Economía para pasar a estar bajo la órbita de las secretarías de Agricultura e Industria, respectivamente. Esto implicaría recortes presupuestarios, despidos de personal y venta de patrimonio en distintas provincias.
Sturzenegger cuestionó el funcionamiento de estos entes: “El INTA tiene 6.000 personas y 3.000 vehículos y no se sabe muy bien qué es lo que hacen”, dijo el funcionario, al tiempo que señaló que “los organismos descentralizados tienen caja propia, y eso los convierte en estructuras con incentivos para crear trámites que les permitan recaudar”.
Otra medida relevante es la fusión del ENRE y Enargas, que se convertirían en el Ente Nacional Regulador de Gas y Electricidad, bajo la Secretaría de Energía, conducida por Luis Caputo. Esta propuesta ya había sido incluida en el texto original de la Ley Bases de 2024, pero fue descartada durante las negociaciones parlamentarias.
En materia de infraestructura, el Gobierno avanza también con la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad y el desguace de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Tránsito. Algunas funciones serían absorbidas por la Secretaría de Transporte, y otras podrían quedar en manos de Gendarmería Nacional.
A su vez, se prevé la creación de una nueva Agencia de Control de Concesiones de Transporte, con competencias de fiscalización de contratos y concesiones, también bajo el mando de Caputo. Esta reestructuración busca trasladar a las provincias parte de la obra pública nacional, aunque no está claro con qué recursos presupuestarios contarán para ello.
Desde el oficialismo sostienen que la desregulación permitirá avanzar en eficiencia: “En un año y medio logramos ahorros por USD 2.000 millones que volvieron a la gente”, dijo Sturzenegger, quien también defendió la desregulación del mercado de GLP, argumentando que la norma anterior “impedía importar gas más barato que el local”.
“Cada intermediario que se pone en el mercado lo encarece. Vamos hacia un sistema con menos trabas y más libertad para que el gas esté más disponible y barato”, afirmó el ministro, que en los últimos días brindó entrevistas a medios del interior del país para explicar los fundamentos de su plan.
El martes será clave para el Ejecutivo, que buscará mostrar una última tanda de decretos y resoluciones dentro del marco legal vigente, antes de que expire una de las herramientas centrales que le otorgó el Congreso para gobernar durante este año.
