La jueza civil Graciela Simón, del Primer Tribunal civil de Gestión Asociada, sentenció a Ángel Sebastián Cotta a devolver al Estado provincial 825.751,71 pesos, que sumados a los intereses reclamados oficialmente, ascienden a una suma cercana al millón de pesos, informan este martes los colegas del diario Los Andes.
En marzo del año pasado, el Estado –durante la gestión de Alfredo Cornejo- demandó penal y civilmente a Cotta, por haberes percibidos indebidamente. Cotta fue nombrado en 2011 -por el entonces gobernador Celso Jaque- como "abogado" en el Ministerio de Seguridad.
Mientras fue asesor letrado de Seguridad, Cotta cumplió funciones de abogado, asesorando y emitiendo dictámenes legales. Luego, fue adscripto a la Cámara de Senadores de Mendoza, también en el carácter de abogado, entre febrero de 2012 y mayo de 2013, con un número de matrícula de otro abogado.
Una investigación posterior iniciada en 2016 determinó, tras consultar al Colegio de Abogados de la Provincia de Mendoza, que Cotta no se encontraba matriculado.
En la demanda se especifica que se trató de un "pago indebido, especie dentro del género enriquecimiento sin causa" y se solicitó la restitución de los haberes que recibió Cotta entre junio de 2011 y marzo de 2016.
Sin títulos
Para evaluar el caso, la jueza tuvo en cuenta un oficio proveniente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo en el cual informa que a falso abogado se le concedió el pase a la Universidad de Mendoza, y que a la fecha de su pase (noviembre de 2012) registraba once materias aprobadas de un total de 29.
Cotta estuvo percibiendo los haberes correspondientes a una clase y una actividad para la cual no estaba calificado y por lo tanto el reclamo estatal es justo "en tanto se ha realizado un pago indebido que generó un enriquecimiento sin causa al accionado".
"Se trata el presente de un supuesto de pago donde la causa del deber de pago no existe. Si bien tuvo apariencia de real, una vez efectuada la investigación, se corroboró que el demandado se desempeñó en un cargo para el cual no podía acceder por carecer de título habilitante", sostiene el fallo de primera instancia que puede ser apelado.
