“Los buenos son los de azul”, dijo el presidente Javier Milei en una ocasión en referencia al personal de la Policía Federal. El sábado 5 de julio pasado uno de ellos, con su uniforme impecable, entró al Hospital Churruca a las cinco de la tarde. Recorrió pasillos y se sentó un rato en la sala de espera. A las nueve de la noche se metió en un baño, sacó su pistola reglamentaria -en la que tenía nueve balas- y se pegó un tiro en la sien. Dejó cuatro cartas de despedida: una a su madre, otra para su esposa, una tercera para sus hijos y la última, para el director del Hospital. Nunca se sabrá si en esas últimas y febriles horas pensó destinar alguna de esas ocho balas restantes a alguna otra persona: si fue así, no lo hizo.
Se trató del suboficial escribiente Alejandro Tijerina, a quien todos conocían como Mustafá, un hombre que en los noventa había integrado la custodia presidencial y oficiaba como chofer del secretario privado de Carlos Menem, el riojano Ramón Hernández. Luego también prestó servicios como guardaespaldas de algunos integrantes de la familia Fortabat.

Un hombre llano que pasó por la vida policial sin sobresaltos, sin grandes estruendos, sin cuestionamientos, haciendo su trabajo como escribiente o como custodio para volver a su casa con su familia, o para encontrarse con amigos. El medio “Frecuencia Azul”, una radio web integrada por personal policial retirado que dedica su espacio a la difusión de su propio contenido, fue quien dio a conocer la noticia. Allí contaron que el suboficial Tijerina estaba gravemente enfermo y que el estado crítico del Hospital Churruca, donde debía atenderse y no lo dejaron hacerlo, fue el desencadenante de la decisión.
“Fue el resultado de un sistema que enferma, abandona y descarta a sus servidores públicos. Muchos camaradas se sienten solos, hay desatención médica, burocracia sin alma, derivaciones tardías, abandono psicológico", se sostuvo en ese medio.
El “sinceramiento” de precios, la suba de los medicamentos, los salarios derrumbados, la falta de auditorías, la ausencia de contribuciones del Estado y los costos de la estructura administrativa, pueden sumarse a una burocracia y corrupción que se arrastra desde hace décadas. A eso se le agrega el desdén por la asistencia pública del gobierno mileísta, que por un lado habla de las bondades de “ser azul”, los manda al frente en sus políticas represivas, y luego los abandona en su sistema de salud.
El Hospital Churruca, donde Tijerina decidió morir, se fundó en 1945 y depende de la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina, que a su vez está bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación en Argentina. Este hospital forma parte del sistema de salud que atiende principalmente a los afiliados de la obra social de la Policía Federal, incluyendo personal en actividad, retirados y sus familiares.
La obra social del personal de la Policía Federal Argentina está gestionada por la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación y dirigida por el Comisario Mayor Fabio Adrián Fara. La obra social de la Policía Federal Argentina ha enfrentado múltiples cuestionamientos y denuncias, especialmente en los últimos años, que han puesto en evidencia problemas estructurales en su funcionamiento.
Durante la pandemia se denunciaron interrupciones prolongadas en las prestaciones médicas, especialmente para afiliados en el interior del país. Una denuncia presentada ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Junín el 9 de marzo de 2020 señaló la falta de cobertura y exigió la normalización del servicio, y destacó que los afiliados pagaban cuotas elevadas sin recibir atención adecuada. El abogado Roberto Barrera presentó una denuncia ante el Defensor del Pueblo de la Nación, Juan José Böckel, por la falta o deficiencia en la provisión de servicios médicos, farmacéuticos y prácticas auxiliares en todo el país. Se destacó la situación crítica de grupos vulnerables, como personas con discapacidades, adultos mayores y pacientes oncológicos, quienes enfrentaron interrupciones en tratamientos y traslados.

Lo que se hizo evidente durante la pandemia en realidad venía sucediendo desde varios años atrás de manera silenciosa: en 2019 la obra social fue conminada a reafiliar a una persona con discapacidad, hijo de un policía exonerado y que había dejado fuera de la prestación; además, una afiliada con una enfermedad crónica presentó una denuncia penal contra el titular de la Superintendencia, argumentando que la falta de atención médica ponía en riesgo su vida. La causa está en trámite en la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 11, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita.
En 2025, los expedientes forman pilas y pilas de denuncias contra la obra social por prestaciones médicas y quirúrgicas no realizadas. La Agrupación “Azules por Siempre” viene denunciando estos casos y reclamando una auditoría integral desde 2016 hasta 2025 que investigue el manejo de fondos y el patrimonio personal de los superintendentes a cargo durante ese período.
El reclamo tiene que ver con que ya hubo antecedentes de corrupción en la obra social, como los sucedidos durante la gestión del exjefe de la Policía Federal Comisario General Giacomino, acusado y condenado por autorizar contrataciones directas de empresas vinculadas a familiares y amigos para proveer equipamiento médico, informático y mobiliario al Hospital Churruca y la obra social de la Policía Federal. Estas contrataciones se realizaron sin licitaciones públicas, incumpliendo normativas y favoreciendo a empresas específicas.
Giacomino fue destituido mientras asistía a una conferencia de Interpol en París. En 2007 la Sala II de la Cámara Federal lo procesó por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, junto con otros implicados como Raúl Pigretti (exsuperintendente de Bienestar), Alfredo Ursaia, Daniel Adolfo Rodríguez, Vicente Capizzi, Ana María Capizzi, Marcelo Capizzi, Diego Armayor, y Américo Di Blasio. El delito contempla penas de hasta 6 años de prisión. En 2017 Giacomino fue condenado a tres años de prisión en suspenso por administración fraudulenta. La sentencia se dictó tras 12 años de proceso judicial.
La destitución de Giacomino llevó al relevo de 49 altos jefes de la Policía Federal en 2003, incluyendo 28 comisarios y 7 comisarios inspectores, como parte de una purga para combatir la corrupción en la fuerza. El caso expuso problemas estructurales en la gestión de la Superintendencia de Bienestar y la obra social, afectando la confianza de los afiliados en el sistema de salud policial.
Más de veinte años después, parece que la historia vuelve a repetirse, y el desfinanciamiento, la burocracia, los posibles actos de corrupción y el desdén desde el gobierno hacia el personal de la fuerza de seguridad hacen que Tijerina sea solo una punta de lanza de un sistema colapsado que se olvida del humano.
Un problema que comprende a todas las fuerzas de seguridad
Entre enero y junio de 2025, al menos 2.273 agentes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad federales presentaron su baja voluntaria. La cifra -que incluye personal del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal- revela un deterioro estructural sin precedentes en tiempos democráticos.
La causa principal: sueldos que no alcanzan para vivir y una atención médica degradada que obliga a miles de efectivos -activos y retirados- a costear tratamientos de su bolsillo, resignarse al dolor o suicidarse, como Tijerina.
El otro gran factor de expulsión es el deterioro del sistema de salud. La IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad) absorbió en los últimos años a los afiliados de Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Gendarmería y Prefectura. Pero lejos de mejorar el servicio, la centralización profundizó los problemas. En provincias como Salta, Formosa, Corrientes o La Rioja, los prestadores médicos directamente no existen o están saturados. En muchos casos, los turnos para un especialista demoran meses y los medicamentos deben abonarse en su totalidad. El problema, denuncian, radica en una baja cápita por afiliado que no cubre ni lo básico y en atrasos de hasta 5 meses en los pagos a clínicas y farmacias.
La queja de los uniformados en actividad o retirados es constante y se muestra en los comentarios del foro de la página de la Agrupación “Azules por Siempre”. La queja no es solo por la atención médica deficiente, sino por la falta de contención humana e institucional. Denuncian que quienes sirvieron durante décadas hoy están a la deriva, sin canales reales de reclamo ni representación efectiva, y uno de ellos dice: “El sistema fue vaciado desde adentro. Cuando se eliminó la autonomía de cada arma sobre su obra social, se perdió la eficiencia. Esto fue una decisión política y nosotros, los usuarios, estamos pagando el costo”.
El 8 de junio, hace poco más de un mes, el Ministerio de Defensa informó la renuncia de Roberto Fiochi -un contador mendocino amigo de Luis Petri- a la presidencia del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), “por motivos personales”. La nueva titular de la obra social desde entonces es la contadora Betina Surballe, quien venía desempeñándose como presidenta del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). El IOSFA está entre las cinco obras sociales más grandes del país y cuenta con 550.000 afiliados y acarrea una deuda de 120 mil millones de pesos, redujeron costos al mínimo y las decisiones están ralentizadas por estar en procesos de auditorías. Mientras tanto, sucede lo de Tijerina.
Surballe será así la tercera presidenta del IOSFA desde que en diciembre de 2023 asumió el gobierno de Javier Milei y puso a Luis Petri en Defensa. En noviembre de 2024 renunció el médico Oscar Sagás, cuando la deuda había escalado a 90 mil millones de pesos. Lo reemplazó justamente Fiochi, que venía del IAF, al igual que Surballe ahora. El déficit crece a un ritmo de 15mil millones mensuales y Fioschi declaró en su momento a Clarín, tal como cuenta el periodista Guido Braslavsky que si bien la obra social cuenta con dos mil prestadores, tienen noventa cortes de prestaciones diarios.