El oficialismo aceleró las conversaciones con los bloques aliados para destrabar el tratamiento del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados y avanzar hacia un dictamen que permita llevar la iniciativa al recinto el 18 de noviembre o, como alternativa, el 25 de este mes. La negociación se desarrolla en la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Bertie Benegas Lynch, y tiene como principal articulador al titular de la Cámara baja, Martín Menem.
En los últimos días, Menem mantuvo distintos encuentros con representantes de los espacios que acompañan habitualmente al Gobierno para conocer sus demandas y acercar posiciones. Aunque todavía no hay acuerdos cerrados, uno de los reclamos que atraviesa las conversaciones es el destino de los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).

Los bloques dialoguistas plantean revisar la carga de ese tributo y reclaman que los fondos se destinen al mantenimiento de las rutas nacionales, uno de los objetivos que motivaron su implementación. El planteo coincide con los pedidos que distintos gobernadores ya elevaron al Poder Ejecutivo y que ahora buscan impulsar a través de sus representantes en el Congreso.
Desde el PRO, la bancada que conduce Cristian Ritondo puso sobre la mesa la situación de la coparticipación federal de la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por Jorge Macri. También trasladó el pedido del mandatario entrerriano Rogelio Frigerio para reducir del 21% al 10,5% el impuesto que grava los huevos y sus derivados. A esos reclamos se suman demandas por obras viales en distintas provincias.
La Unión Cívica Radical (UCR), en tanto, busca garantizar mayores recursos para las universidades públicas. El debate está marcado por la diferencia entre los 7 billones de pesos que contempla la propuesta del Gobierno nacional y los 11 billones que reclama el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Los radicales intentan acercar ambas posiciones y sostienen la necesidad de atender especialmente a las instituciones vinculadas con el espacio.

Otro punto que genera preocupación entre los aliados radicales es la partida destinada a las personas con discapacidad. Los legisladores esperan que la Secretaría de Hacienda, a cargo de Carlos Guberman, confirme los recursos necesarios para cumplir con lo establecido en la nueva legislación. Aunque consideran que la discusión sobre la ley ya quedó saldada, todavía no recibieron garantías presupuestarias de la Casa Rosada.
Un diputado radical cercano a un gobernador provincial advirtió que la falta de fondos podría tener consecuencias en la votación: “Si no están los fondos, varios aliados vamos a votar en contra esos artículos en particular”.
Además, la UCR aguarda una definición del oficialismo sobre el Régimen de Incentivos para Inversiones Relevantes (RIIR), una iniciativa impulsada por el jefe del bloque radical en el Senado, Eduardo Vischi, y aprobada por la Cámara alta la semana pasada. El proyecto busca promover inversiones nacionales y extranjeras, fortalecer las cadenas de valor, mejorar la competitividad de los sectores productivos, incrementar las exportaciones y generar empleo.
Vischi defendió la propuesta al señalar que la Argentina tiene una oportunidad frente a la demanda internacional de alimentos y energía. En esa línea, sostuvo que los regímenes destinados a atraer grandes inversiones pueden contribuir al desarrollo de esas actividades.
El senador Maximiliano Abad, por su parte, pidió incorporar al sector pesquero entre los beneficiarios del régimen, sin exigirle un monto mínimo de inversión. Argumentó que la renovación de embarcaciones y la incorporación de tecnología para conservar y procesar productos permitirían mejorar las condiciones de seguridad y agregar valor en las localidades donde se desarrolla la actividad.
En Diputados también hubo planteos vinculados con la reducción de impuestos para la pesca, impulsados por la radical Karina Banfi, integrante del bloque Adelante Buenos Aires.
Las negociaciones incluyen, además, el futuro de la ley de biocombustibles, un tema de especial interés para las provincias productoras del centro del país, principalmente Córdoba y Santa Fe. El proyecto ya obtuvo la aprobación del Senado el 17 de septiembre, pero su tratamiento en la Cámara baja quedó trabado por diferencias sobre algunos artículos vinculados con el biodiésel.
El bloque de Provincias Unidas, encabezado por Gisela Scaglia, transmitió al oficialismo la necesidad de avanzar con la iniciativa. Durante las reuniones de las comisiones de Energía y Combustibles, Presupuesto y Hacienda y Agricultura, legisladores de distintos espacios cuestionaron disposiciones que, según advirtieron, podrían perjudicar a las pequeñas y medianas empresas regionales.
El diputado cordobés Carlos Gutiérrez, alineado con el gobernador Martín Llaryora, cuestionó que las diferencias políticas y las objeciones del Gobierno hayan impedido avanzar con el dictamen. Sostuvo que su espacio está dispuesto a discutir modificaciones en los porcentajes de corte, pero rechazó que esas negociaciones se conviertan en un obstáculo para la aprobación de la ley.
También expresó reparos Eduardo Falcone, diputado del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), quien advirtió que determinados artículos incorporados durante el tratamiento en el Senado podrían afectar a unas 25 pymes que realizaron inversiones y generan puestos de trabajo, mientras favorecerían a un grupo reducido de grandes empresas multinacionales.
Según Falcone, esas firmas cuentan con una escala productiva muy superior y capacidad ociosa, lo que dificultaría la competencia para los emprendimientos regionales. El legislador señaló que la provincia de Buenos Aires sería una de las más afectadas por los cambios, debido a la cantidad de pequeñas y medianas productoras de biodiésel que concentra.
Con estos reclamos sobre la mesa, el oficialismo deberá negociar con distintos sectores para conseguir los votos que necesita. La discusión del Presupuesto 2027 no dependerá únicamente de las conversaciones sobre el gasto público, sino también de la capacidad de La Libertad Avanza para dar respuestas a las demandas impositivas, productivas y sociales de sus aliados.