La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), fiscalía especializada en delitos de funcionarios públicos, se presentó formalmente en la causa $LIBRA, asumió el ejercicio de la acción penal que había declinado impulsar el fiscal Eduardo Taiano y apeló los sobreseimientos del presidente Javier Milei, de su hermana Karina y de los otros nueve acusados. Los había dispuesto el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi el viernes pasado.
El organismo, encabezado por el fiscal Sergio Rodríguez, sostuvo una posición contraria a la de Taiano y planteó que el expediente debe seguir abierto para esclarecer aspectos centrales del lanzamiento y posterior colapso de la criptomoneda. También interpuso un recurso de apelación en subsidio, para el caso de que el pedido sea rechazado, lo que deja abierta la posibilidad de que la Cámara Federal revise el cierre.
Qué lo motivó
La intervención de la PIA respondió a una presentación del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), las dos organizaciones que participan en la causa como “amicus curiae”. Ambas habían reclamado que la PIA, como organismo especializado, asumiera la persecución penal para evitar el cierre definitivo de una investigación que consideraban prematuro.
Los antecedentes
En los días posteriores al lanzamiento y colapso de $LIBRA, la propia PIA había abierto una investigación, antes de que el episodio llegara a los tribunales. Sin embargo, tras la apertura de la causa penal, Taiano no le dio intervención durante el año y medio que estuvo a cargo de la pesquisa, pese a que el organismo suele participar en causas que involucran a funcionarios públicos.
Qué lo motivó
La intervención de la PIA respondió a una presentación del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), las dos organizaciones que participan en la causa como “amicus curiae”. Ambas habían reclamado que la PIA, como organismo especializado, asumiera la persecución penal para evitar el cierre definitivo de una investigación que consideraban prematuro.
Los antecedentes
En los días posteriores al lanzamiento y colapso de $LIBRA, la propia PIA había abierto una investigación, antes de que el episodio llegara a los tribunales. Sin embargo, tras la apertura de la causa penal, Taiano no le dio intervención durante el año y medio que estuvo a cargo de la pesquisa, pese a que el organismo suele participar en causas que involucran a funcionarios públicos.
Los obstáculos
Fuentes del Ministerio Público Fiscal habían advertido que, a diferencia de esos precedentes, Taiano había solicitado los sobreseimientos y Martínez de Giorgi ya los había dictado, y que la Procuraduría no había sido notificada de esa decisión. Aun así, Rodríguez comunicó al juzgado que asumía la acción penal y cuestionó formalmente el cierre.

Ahora, el Juzgado Federal 8, interinamente a cargo de Daniel Rafecas por una licencia de Martínez de Giorgi, que está de viaje, deberá resolver el pedido de reapertura. Si lo rechaza, la apelación subsidiaria permitirá que la Cámara Federal examine la cuestión.
Los cuestionamientos a la investigación
Inecip y Cipce habían formulado críticas a la actuación de Taiano: señalaron los reiterados pedidos de recusación en su contra, filtraciones de información sensible a la prensa y lo que consideraron un manejo direccionado de los tiempos de análisis de pruebas clave. Denunciaron también que algunos dictámenes y elementos probatorios se incorporaron al sistema de gestión judicial recién después de trascender en investigaciones periodísticas.
Cuestionaron además la negativa del fiscal a los pedidos de las querellas y de las propias organizaciones para que Milei fuera citado a indagatoria, y advirtieron que el dictamen fiscal que sustentó los sobreseimientos ni siquiera estaba incorporado al sistema, lo que impedía a las partes conocer sus fundamentos.
En su presentación, la PIA recogió los cuestionamientos sobre las líneas de investigación que quedaron sin agotar: reconstruir la trazabilidad de los fondos, recuperar y analizar comunicaciones, investigar posibles acuerdos comerciales y examinar los movimientos de dinero vinculados con los hechos. También objetó que los indicios se hayan valorado de manera aislada, en lugar de analizarlos en conjunto para determinar si permiten reconstruir una eventual trama de corrupción. Desde esa perspectiva, las limitaciones técnicas o las respuestas incompletas a los requerimientos de información no deberían motivar el cierre del expediente, sino la profundización de las medidas.
Cipce e Inecip habían señalado, además, que debía determinarse si la conducta del Presidente pudo encuadrar en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, con el objetivo de producir la prueba necesaria para formular, eventualmente, una acusación precisa en un juicio oral y público.
La situación de las víctimas
Otro de los planteos apunta a las víctimas. Las organizaciones denunciaron que los sobreseimientos se solicitaron y dictaron sin garantizarles la posibilidad de ser escuchadas ni de pedir la revisión del criterio fiscal, lo que, a su entender, desconoce las garantías previstas en el artículo 80 del Código Procesal Penal Federal y en la Ley de Víctimas.
Con su presentación, la PIA asumió la acción penal que Taiano decidió no impulsar y reclamó que la Justicia habilite una investigación exhaustiva, proactiva y especializada.