La Justicia dio un revés para la administración de Javier Milei al suspender los efectos de la resolución que avanzaba sobre el desmantelamiento del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), a partir de una medida cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). El fallo ordenó paralizar durante seis meses el plan de cese de actividades y certificaciones que el Ejecutivo buscaba implementar en el organismo.
La decisión fue tomada por el juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, a cargo del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín. Además de frenar la aplicación de la Resolución 213/2025, prohibió el traslado, la reubicación o la disposición del equipamiento técnico del instituto, incluidos patrones nacionales de medida, alcoholímetros, radares y balanzas de precisión.
La cautelar también obliga al INTI a garantizar la continuidad de todos los servicios y la ocupación efectiva de los trabajadores de las áreas de Metrología Legal y del Organismo de Certificación. Deberán mantenerse las funciones, categorías, salarios y condiciones laborales vigentes al 28 de diciembre de 2025.
Entre las prestaciones alcanzadas están los controles de surtidores de combustible, balanzas comerciales, fotomultas y verificaciones de seguridad en vacunas y medicamentos.
Tras conocerse el fallo, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, celebró la decisión y sostuvo que representa un triunfo para los trabajadores, las PyMEs y la sociedad. “¡Una vez más le ganamos a la motosierra!”, expresó. Además, afirmó que la resolución deja en claro que el Gobierno no puede avanzar con despidos ni desmantelar la estructura del organismo mientras esté vigente la medida judicial.
La resolución del Gobierno contemplaba un cronograma de eliminación progresiva de servicios regulados, que comenzaría por el Área Metropolitana de Buenos Aires a fines de enero de 2026 y se extendería al resto de las provincias durante el primer semestre.
Con ese esquema, el Ejecutivo abría la posibilidad de trasladar esas tareas a laboratorios privados, debilitando el control estatal sobre instrumentos de medición y certificaciones que tienen impacto directo en la actividad industrial y en los consumos cotidianos.