Una tragedia conmociona este martes a la provincia de Mendoza. Un agente penitenciario de la cárcel Boulogne Sur Mer fue tomado de rehen durante la madrugada por dos presos, y la familia del guardia, en el intento de salvarlo, sufrió un terrible accidente vial por el que resultaron fallecidas la madre y la tía. El hecho afectó la comunidad mendocina, que exigió mayores controles de seguridad en los penales y pidió justicia para la víctima.
Todo comenzó en la madrugada de este martes en el Complejo Penitenciario que se encuentra en la Ciudad de Mendoza. Los presos Claudio Alexander González Flores y Ramiro Armando Colucci concretaron un plan malicioso para secuestrar al agente penitenciario Mauro Zugasti y robarle el teléfono celular. Con ese equipo, los delincuentes filmaron la aprehensión del guardia y publicaron un video desde las propias redes sociales de la víctima para enviarle un mensaje mafioso a la familia, residente de la localidad vecina de La Paz.
Alarmadas por la situación, la madre y la tía de Zugasti pidieron ayuda a las autoridades municipales, que les proveyeron de una camioneta y acompañantes para el traslado de urgencia, mientras en el penal se llevaba a cabo un operativo de negociación para rescatar al guardia.
Sin embargo, antes de llegar al complejo, la camioneta sufrió un terrible impacto contra un árbol. De los cinco ocupantes del vehículo, Ana Estrada y Alejandra Flores, madre y tía de Zugasti, respectivamente, fallecieron en el acto.
En diálogo con Los Andes, el intendente de La Paz, Fernando Ubieta, explicó que las mujeres le pidieron “ayuda” por la tragedia que estaban pasando, y desde su cargo otorgó “una camioneta de la municipalidad para trasladarlas” con “dos preventores y el hermano del agente”.
Y disparó, compungido: “Por estos dos hijos de que agarran un teléfono, toman a una persona de rehén y lo suben a la historia pasó todo esto”. Según contó, el Intendente es primo lejano del guardia, ya que su abuela era prima de la abuela de Zugasti.
“Es una tristeza enorme que hayan muerto dos personas. Hay mucho dolor. Es una comunidad chica y todos nos conocemos”, expresó Ubieta.
Mientras tanto, el director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, consignó a los medios que el conflicto con los presos se resolvió después de siete horas de tensión.
De acuerdo con la información que brindó Los Andes, Gonzalez Flores y Colucci llevaban encerrados 17 años, cumpliendo las condenas de 27 años por homicidio agravado, robos agravados; y 23 años por robos agravados y abuso sexual agravado con acceso carnal, respectivamente.
En tanto, el funcionario precisó que el golpe comenzó a las 1:15 de la madrugada en el Pabellón 16, en un horario anormal para que haya “actividad” dentro del penal. En ese sentido, responsabilizó al agente penitenciario por sus actos, al señalar que se expuso al contacto con los dos reclusos.
Los presos habrían pedido ser trasladados al penal de otra provincia o a Almafuerte. Más tarde se constituyó el equipo de negociación del Servicio Penitenciario, con la jefa Ivana Cornejo y el agente Javier Viejo como negociadores directos con los internos para tratar de “encauzar la situación”. También se activó el Grupo Especial de Operaciones Penitenciarias (GEOP) y llegó al lugar el fiscal de Delitos No Especializados, Martín Lucero, y, a pedido de los presos, se presentó el procurador de las personas privadas de la libertad, Javier Romero, “para garantizar su rendición”.
El procedimiento incluyó la firma de un acta donde el Servicio Penitenciario se comprometió a resguardar la seguridad física de los delincuentes. Sin embargo, Orellana remarcó la severidad del caso: “éstas personas han dañado a un penitenciario sin sentido”, dijo, y sumó: “en consecuencia, van a permanecer en este penal hasta que les hagamos los estudios médicos y posteriormente van a ser alojados en la Unidad de Muy Alto Perfil (ubicada en el penal de Almafuerte II, en Cacheuta)”.
En la escala que maneja el Servicio Penitenciario de Mendoza hay internos “comunes”, de “alto perfil” y de “muy alto perfil”, que no son solo los de alta peligrosidad, sino también aquellos que pueden llegar a amedrentar o comprar voluntades. En este lugar las visitas son restringidas y pueden estar hasta 180 días, según la ley.
“No estamos para nada dispuestos a soportar este tipo de actitudes cuando el Servicio Penitenciario está garantizando sus derechos”, sostuvo el funcionario.
Esto fue ratificado por la Ministra de Seguridad y Justicia mendocina, María Mercedes Rus, quien desde sus redes sociales comunicó: “Tomaron de rehén a un penitenciario para exigir beneficios que algunos les hacen creer que merecen. No consiguieron ninguno. Ahora están bajo el régimen más estricto de nuestras cárceles”.
“No fueron trasladados al pabellón que exigían en Almafuerte I ni a la cárcel de Jujuy que reclamaban. Los enviamos al sector de Muy Alto Perfil (MAP) de Almafuerte II, destinado a internos de riesgo extremo, con aislamiento, monitoreo permanente, controles reforzados y mayores restricciones. Permanecerán bajo este régimen excepcional al menos 180 días, con posibilidad de extenderlo a 360. Además, deberán responder ante la Justicia por los nuevos delitos cometidos”, añadió.