La Libertad Avanza impulsa una reforma del régimen carcelario que contempla la prohibición efectiva de los teléfonos celulares en los penales, el control de las comunicaciones y la obligación de que los internos afronten los gastos que generan durante su detención. La propuesta, presentada por el diputado mendocino Álvaro Martínez, busca modificar la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad para combatir las estafas, los secuestros virtuales, las maniobras vinculadas al narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas, entre otros delitos.
“Hay que terminar de una vez por todas con el Call Center tumbero. Las cárceles deben servir para reinsertar personas, no para que los delincuentes sigan manejando bandas desde una celda”, sostuvo Martínez.
La iniciativa establece el uso obligatorio de uniformes de acuerdo con la peligrosidad de cada detenido, que será clasificada en tres niveles: leve, medio y alto. Además, propone la creación de un Arancel Único Carcelario (AUC), que deberán pagar mensualmente los internos para cubrir los gastos de servicios generales y alimentación.
“La persona que está privada de su libertad debe pagarle al Estado los gastos que genere dentro de la cárcel. A partir de ahora tendrán que pagar la comida, la luz, el agua, la asistencia médica y el uniforme que usan dentro del penal”, afirmó el legislador.
En esa línea, agregó: “El ciudadano que trabaja todos los días paga los servicios y la comida de su casa. Quien esté privado de su libertad también deberá hacerse cargo de sus propios gastos. La reinserción comienza aprendiendo a cumplir obligaciones”.
Sobre los uniformes, Martínez aclaró que la medida “no tiene un objetivo discriminatorio se ajusta al principio de igualdad”. Según detalló, todos los internos deberán vestir prendas de color beige o marrón claro, con una cantidad de líneas verticales que variará según su nivel de peligrosidad.
Los presos considerados de peligrosidad leve tendrían una línea al frente y al dorso; los de peligrosidad media, dos líneas; y los de alta peligrosidad, tres. En cambio, quienes estén próximos a recuperar su libertad utilizarían uniformes lisos.
La propuesta modifica los artículos vinculados con las comunicaciones de las personas privadas de libertad. En la nueva redacción del artículo 158, se establece que los internos podrán mantener contacto periódico, oral o escrito, con familiares, representantes legales y profesionales vinculados con su reinserción social, además de representantes de organismos oficiales e instituciones privadas.
El texto plantea que ese derecho estará sujeto a las condiciones, oportunidades y supervisión previstas en la ley, con el objetivo de preservar la privacidad.
Por su parte, el artículo 161 establecerá que cada interno podrá solicitar autorización al director del establecimiento para llamar a una lista limitada de cinco números telefónicos. Los titulares deberán estar previamente identificados y autorizados en la instancia judicial de ejecución de la pena.
La iniciativa también contempla el uso de teléfonos de línea para facilitar el contacto con familiares y abogados, así como la realización de videollamadas con defensores para agilizar el acceso a la Justicia y evitar traslados innecesarios.
Entre los fundamentos, el proyecto cita la posición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostuvo reiteradamente que las personas privadas de libertad conservan los derechos que no hayan sido afectados legítimamente por la condena y que la ejecución de las penas está sometida a control judicial permanente.
Otro de los ejes de la propuesta es la transformación del trabajo penitenciario. Martínez plantea establecer metas progresivas de incorporación laboral, impulsar capacitaciones vinculadas con la economía real y modernizar el Ente de Cooperación Técnica y Financiera (ENCOPE).
El proyecto también contempla la participación controlada de empresas privadas, la creación de un catálogo nacional de bienes y servicios penitenciarios y la generación de demanda mediante compras del sector público.
De acuerdo con información oficial del Ministerio de Seguridad Nacional, al 31 de diciembre de 2024 el Servicio Penitenciario Federal alojaba a 11.728 personas privadas de libertad. De ese total, 7.545 percibían alguna suma en concepto de peculio.
Sin embargo, solo 2.922 internos realizaban tareas productivas vinculadas con objetivos de reinserción social. Otros 4.623 cobraban por actividades generales de mantenimiento, limpieza, aseo, higiene, mayordomía y otras tareas identificadas como “fajina”.
De esta manera, apenas el 38,72% de quienes percibían peculio desarrollaba actividades consideradas productivas.
La información oficial también indica que durante 2024 el ENCOPE contó con recursos por $25.721.747.525, de los cuales aproximadamente el 75% se destinó al pago de peculios. Una parte significativa de esos fondos correspondió a tareas sin una finalidad productiva.
En ese contexto, el planteo sostiene que la respuesta no debe limitarse a suprimir remuneraciones, sino que debe orientarse a transformar las actividades improductivas en trabajo que contribuya a la reinserción social.
La propuesta se suma a un proyecto presentado por Álvaro Martínez en abril pasado, que busca establecer penas de uno a tres años de prisión para los internos que tengan un teléfono móvil en su poder dentro de un establecimiento penitenciario.
La iniciativa prevé elevar la pena a entre tres y cinco años cuando el dispositivo haya sido utilizado para cometer un delito.
