La jueza federal de Nueva York Loretta Preska formalizó la anulación de la condena de US$ 16.100 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF en 2012. Con esta resolución, la magistrada incorporó al expediente de primera instancia las consecuencias del fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que el 27 de marzo de 2026 había revocado la indemnización y favorecido al Estado argentino. La decisión representa un nuevo avance para el país, aunque no implica que la disputa judicial haya terminado definitivamente.
La resolución de Preska constituye un paso procesal para formalizar lo decidido por el tribunal de segunda instancia. Fuentes de la Procuración del Tesoro de la Nación señalaron que el Gobierno esperaba esta medida, que marca el cierre de la primera instancia judicial en Nueva York. Sin embargo, aclararon que todavía resta conocer si la Corte Suprema estadounidense acepta revisar el fallo a pedido de los demandantes.
Cómo se originó el juicio por la expropiación de YPF
El litigio comenzó en 2012, cuando el Estado argentino tomó el control del 51% de las acciones de YPF, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los fondos y sociedades vinculados con antiguos accionistas minoritarios reclamaron una indemnización al considerar que el país no había respetado las disposiciones del estatuto de la compañía al concretar la expropiación.
En septiembre de 2023, Preska falló a favor de los demandantes y condenó a la Argentina a pagar US$ 16.100 millones. Con la acumulación de intereses, el monto llegó a superar los US$ 18.000 millones. El fondo británico Burford Capital, que financió el litigio y adquirió los derechos para reclamar de algunas de las sociedades demandantes, era uno de los principales beneficiarios potenciales de esa sentencia.
Sin embargo, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la condena el 27 de marzo de 2026. La mayoría del tribunal, integrada por los jueces Denny Chin y Beth Robinson, consideró que Preska había interpretado incorrectamente el derecho argentino. En particular, sostuvo que el estatuto de una sociedad no constituye por sí mismo un contrato bilateral entre los accionistas que permita sustentar los reclamos indemnizatorios planteados en el caso. El juez José Cabranes votó en disidencia.
Posteriormente, en junio, el pleno de la Cámara rechazó el pedido de Burford para que se revisara esa decisión. De esta manera, el fondo agotó otra instancia dentro del tribunal de apelaciones y avanzó con un recurso ante la Corte Suprema estadounidense.
Qué falta para que termine el conflicto judicial
El 30 de septiembre, Burford Capital presentó una solicitud para que la Corte Suprema de Estados Unidos revise el fallo que favoreció a la Argentina. El objetivo de los demandantes es revertir la decisión de segunda instancia y recuperar la posibilidad de cobrar la indemnización original. No obstante, la presentación no obliga al máximo tribunal a intervenir: sus jueces deberán decidir si aceptan analizar el caso y no existe un plazo fijo para resolver ese pedido.
Además, el litigio tiene otro frente abierto. Burford inició un procedimiento de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo vinculado al Banco Mundial, en representación de las sociedades Petersen. Según fuentes oficiales citadas por Infobae, ese proceso fue aceptado y constituye una vía independiente de la disputa que se tramita en los tribunales estadounidenses.
Por lo tanto, la Argentina logró consolidar una victoria judicial importante al quedar sin efecto la condena de US$ 16.100 millones en el expediente de Nueva York. Sin embargo, el desenlace definitivo dependerá de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el pedido de Burford y de la evolución del procedimiento paralelo ante el CIADI.
