La Justicia Federal ordenó este martes al Gobierno nacional aplicar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el tramo del decreto que había condicionado su puesta en marcha.
La resolución fue dictada por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, quien hizo lugar a los planteos realizados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), distintas universidades y docentes, además de una presentación de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El magistrado cuestionó una parte del Decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había promulgado la Ley 27.795 pero condicionado su ejecución a la determinación de las fuentes de financiamiento y la incorporación de las partidas presupuestarias correspondientes.
En su fallo, Cormick consideró que ese mecanismo no podía utilizarse para impedir la aplicación efectiva de una ley que había sido aprobada por el Congreso y posteriormente ratificada por ambas cámaras luego del veto presidencial.
Qué dispuso el juez

La sentencia ordenó al Poder Ejecutivo Nacional cumplir de manera inmediata con la Ley de Financiamiento Universitario y avanzar con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para hacerla efectiva.
El juez sostuvo que, después de que el Congreso insistiera con la norma alcanzando las mayorías de dos tercios previstas por la Constitución, el Ejecutivo debía promulgarla sin incorporar restricciones que alteraran su aplicación.
Según el magistrado, la condición incluida posteriormente en el decreto terminó funcionando como un “mecanismo extraconstitucional”, al generar en los hechos una nueva instancia para impedir la ejecución de una ley cuyo veto ya había sido rechazado por el Poder Legislativo.
Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario
La Ley 27.795 contempla, entre otros puntos, la recomposición del presupuesto destinado a las universidades nacionales, actualizaciones salariales para docentes y no docentes y mejoras en las becas estudiantiles y en los recursos destinados a investigación.
El conflicto judicial se había iniciado luego de que el Gobierno condicionara la ejecución de la normativa argumentando que debían determinarse previamente las fuentes específicas para afrontar el gasto.
Ahora, la sentencia de primera instancia de Cormick avanza sobre el fondo de la discusión y obliga al Ejecutivo, en esta instancia, a implementar la normativa. El fallo todavía puede ser apelado, por lo que la disputa judicial podría continuar ante instancias superiores.