En conferencia de prensa, la comisión directiva y referentes de la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) repudiaron lo que calificaron como medidas represivas, amedrentamiento judicial y un embargo económico contra el sindicato, a días de una nueva reunión paritaria salarial. Además, desmintieron de forma categórica la versión del Consejo Provincial de Educación (CPE) sobre lo ocurrido en la Escuela Provincial Primaria N.º 83 y ratificaron la continuidad de sus reclamos salariales y edilicios.
La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) volvió a cuestionar al Gobierno Provincial a pocos días de una nueva reunión paritaria y puso sobre la mesa tres ejes: el embargo de las cuentas del sindicato, la judicialización de dirigentes gremiales y lo ocurrido en la Escuela Provincial Primaria Nº 83 de Río Gallegos.
Durante una conferencia de prensa, integrantes de la comisión directiva y referentes del gremio repudiaron lo que definieron como “medidas represivas” y de “amedrentamiento judicial”, y sostuvieron que las decisiones adoptadas buscan condicionar a la organización en medio del conflicto salarial.
Asimismo, ADOSAC desmintió de forma categórica los dichos del Consejo Provincial de Educación respecto de lo ocurrido en la EPP N.º 83 y ratificó la continuidad de sus reclamos en defensa de los salarios y de las condiciones de la educación pública.
Embargo a días de la paritaria salarial y denuncia de persecución gremial
Desde el gremio calificaron la resolución del embargo por alrededor de 190 millones de pesos como una provocación directa que, según sostuvieron, busca condicionar y debilitar la posición de los trabajadores docentes frente al inicio de una nueva negociación salarial.
ADOSAC recordó que, tras la aplicación de descuentos salariales durante el mes de julio, ahora enfrenta una orden de embargo sobre fondos aportados por sus afiliados a pocos días de la próxima mesa salarial.
Para la conducción sindical, la medida busca “disciplinar y asfixiar” económicamente al sindicato y acallar el reclamo de recomposición salarial frente a la pérdida del poder adquisitivo.
Además, ADOSAC rechazó la acción judicial promovida por el expresidente de la Caja de Servicios Sociales (CSS), Sergio Pérez Soruco, contra una dirigente docente a raíz de manifestaciones realizadas en el marco de reclamos por las prestaciones de salud.
Desde el sindicato sostuvieron que los reclamos por condiciones salariales, laborales y edilicias no constituyen un delito individual ni un acto de difamación, sino que forman parte -según remarcaron- del ejercicio del derecho de los trabajadores a movilizarse y expresarse.
La postura de ADOSAC sobre lo ocurrido en la EPP Nº 83
Otro de los puntos centrales de la conferencia estuvo relacionado con la situación registrada en la Escuela Provincial Primaria N.º 83 de Río Gallegos.
Frente al comunicado de la Dirección Provincial de Mantenimiento del CPE, que rechazó las denuncias sobre una pérdida de gas y sostuvo que las verificaciones realizadas no detectaron presencia de monóxido de carbono, ADOSAC volvió a defender su versión de los hechos.
El gremio aseguró contar con certificados médicos correspondientes a personas que fueron atendidas en la guardia del Hospital Regional Río Gallegos, donde se habría detectado presencia de monóxido de carbono en sangre y se brindó asistencia con oxígeno.
ADOSAC también cuestionó que, según afirmó, ningún funcionario del área educativa se presentó en la guardia médica para interiorizarse sobre el estado de las personas que habían concurrido al hospital.
Durante la conferencia, los dirigentes también señalaron que una recorrida por el establecimiento permitió detectar matafuegos cuyo vencimiento databa de junio.
El sindicato vinculó esta situación con otros reclamos por infraestructura escolar realizados en establecimientos de la provincia, entre ellos la Escuela Especial N.º 14 y el Jardín Nº 35.
“Exigimos que el Estado deje de negar la realidad”
Los referentes de ADOSAC cuestionaron la respuesta oficial frente a las denuncias sobre las condiciones edilicias y reclamaron mayores garantías de seguridad para estudiantes, docentes y trabajadores de los establecimientos educativos.
En ese marco, exigieron dejar sin efecto el embargo sobre las cuentas del sindicato, el cese de lo que consideran una persecución judicial contra dirigentes gremiales y respuestas concretas en la próxima mesa paritaria.
También ratificaron el reclamo por una recomposición salarial frente a la pérdida del poder adquisitivo y por condiciones edilicias que garanticen espacios seguros para enseñar y aprender.
