El ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, le pidió este miércoles la renuncia al coronel mayor retirado Ariel Guzmán, administrador y liquidador del ex Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). “Hice de mi propia casa un patíbulo”, le cabría como definición al entuerto que provocó el saliente Guzmán.
La decisión se tomó después de una reunión mantenida en el despacho del ministro durante la tarde del miércoles. Guzmán había sido designado para conducir el proceso de disolución y liquidación del organismo, pero su gestión terminó chocando con una acumulación de problemas financieros, administrativos y patrimoniales sumado a cierto comportamiento de soberbia en la gestión.

Una deuda que llegó a $214.000 millones
Presti recibió de la administración de Luis Petri una deuda consolidada de $213.902 millones, según el estado de situación a julio pasado. De ese monto, $139.057 millones corresponden a obligaciones vinculadas con Gendarmería y Prefectura, alrededor del 65% del pasivo.
La comisión interministerial creada para ordenar la salida no logró hasta ahora alcanzar un acuerdo definitivo. El punto de conflicto pasa, entre otras cuestiones, por quién debe hacerse cargo de las obligaciones generadas por las prestaciones de las fuerzas de seguridad.
El pasivo comprende deudas con laboratorios, droguerías, prestadores médicos, proveedores de medicamentos y otros actores del sistema sanitario. La magnitud del rojo obliga ahora a quien reasuma el proceso de liquidación a desempeñar el papel de “bombero” financiero: conseguir recursos, negociar con acreedores y evitar que el cierre administrativo termine convertido en una crisis de prestaciones.
Ahora, con Guzmán fuera del proceso, la crisis pasa directamente al escritorio de Presti: conseguir los recursos y la asistencia de Economía para ordenar el pasivo, cerrar la liquidación y dejar finalmente libre el camino para que OSFA pueda comenzar a operar sin cargar con la crisis de su antecesora.
Para Presti, la asistencia del Ministerio de Economía será determinante. Sin recursos extraordinarios y una estrategia de negociación con laboratorios, droguerías y prestadores, la liquidación corre el riesgo de seguir acumulando obligaciones mientras se intenta cerrar las cuentas del organismo en extinción.

El coronel mayor retirado Ariel Guzmán.
Guzmán no pudo cumplir con los objetivos de la liquidación
La nota NO-2026-91660918-APN-P#IOSFA que Guzmán elevó el 21 de setiembre para advertir sobre las dificultades que atravesaba el proceso de liquidación terminó exponiendo, además, el incumplimiento de varios de los objetivos previstos para su gestión.
El administrador detalló el descalce financiero, la acumulación de nuevas obligaciones y las dificultades para sostener las prestaciones, en un escenario que se apartó del cronograma original de cierre.
El ministro resolvió desplazar a Guzmán después de recibir ese informe, en un contexto en el que las explicaciones del administrador sobre las dificultades de la liquidación dejaron al descubierto la magnitud de los problemas que debía resolver la gestión saliente.
En su presentación, Guzmán advirtió que OSFA, a cargo del general de brigada Pablo Plaza, había solicitado que IOSFA continuara brindando atención médica a sus afiliados a través de la red de prestadores.
El pedido modificó sustancialmente el escenario previsto para la liquidación. La administración había contemplado mantener las prestaciones hasta el 30 de septiembre de 2026 y luego concentrarse en las tareas administrativas y financieras de liquidación, con un cierre definitivo previsto para el 5 de febrero de 2027.
La continuidad de las prestaciones implica que IOSFA siga recibiendo facturas de prestadores y proveedores, registrándolas, auditándolas y generando nuevas obligaciones antes de poder determinar el balance final.
El propio Guzmán dejó asentado que existe un descalce entre las obligaciones prestacionales que IOSFA continúa asumiendo y los recursos disponibles para afrontarlas.

El IOSFA sigue atendiendo aun cuando ya no tiene afiliados
La situación financiera descripta por Guzmán agrega un elemento central a la crisis. IOSFA perdió el flujo de fondos que sostenía su funcionamiento habitual y, sin embargo, continúa asumiendo obligaciones vinculadas con prestaciones que deberían estar a cargo de la nueva OSFA.
El administrador señaló que los recursos mensuales que OSFA gira por las prestaciones deben cubrir también salarios y gastos fijos indispensables para mantener al Instituto en funcionamiento. Ese esquema, sostuvo, no estaba contemplado en los términos del Decreto 88/2026.
La nota también describe una deuda que se incrementó por la pérdida de flujo financiero, junto con restricciones de crédito de prestadores, cortes de servicios y dificultades para obtener insumos y medicamentos. La consecuencia inmediata es el encarecimiento de las prestaciones y de los productos necesarios para mantener la atención.
A esto se suma una creciente judicialización. Amparos, medidas cautelares, sentencias, astreintes y embargos introducen otro factor de presión sobre una caja que ya resulta insuficiente y dificultan la planificación de los pagos.
Guzmán consignó además que IOSFA no puede pagar facturas correspondientes a períodos anteriores al 1 de abril de 2026 dentro del Convenio Marco Interadministrativo Prestacional y Transitorio acordado con OSFA.
También permanecen pendientes las facturas por las prestaciones brindadas a las fuerzas de seguridad durante abril y mayo. Según la nota, los fondos estuvieron disponibles con posterioridad como consecuencia de los tiempos de auditoría, procesamiento y pago.
El problema se extiende a OSFFESEG, la obra social de las fuerzas de seguridad, expuso Guzmán que deslazó lastre al ministerio de Alejandra Monteoliva.
“OSFFESEG no había abonado las facturas presentadas para su pago y solicitó distintos nomencladores y esquemas de aranceles para realizar sus propias auditorías lo que provocó dilaciones y descontento en los prestadores y
proveedores, a los que no podemos responder cuando les serán abonadas las facturas de sus atenciones acumuladas desde el 01 de junio de 2026”, resaltó Guzmán.
El resultado es que IOSFA continúa acumulando deuda por prestaciones que, según el esquema de la nueva estructura, deberían haber sido asumidas por OSFA desde abril.
Al mismo tiempo, el Instituto ya no conserva su universo original de afiliados y sólo mantiene 371 beneficiarios pertenecientes a las fuerzas de seguridad.
La propia nota de Guzmán advierte que la continuidad de las prestaciones sin recursos suficientes profundiza el desequilibrio y complica la liquidación, porque genera nuevas obligaciones que deberán ser incorporadas al proceso de cierre.
El origen del rojo y la gestión Sagás
El capítulo financiero de IOSFA tiene antecedentes que exceden a la administración Guzmán. Una parte sustancial del deterioro se produjo durante la gestión de Oscar Sagás, cuando el salto de precios registrado durante el cambio de administración nacional impactó sobre medicamentos, insumos médicos y prestaciones.
El organismo no logró implementar a tiempo un esquema de contingencia frente a ese shock de costos. La deuda al cierre de 2024 alcanzaba los $122.554 millones y continuó creciendo hasta superar los $213.000 millones durante el proceso de liquidación.
IOSFA había sido creado mediante el Decreto 637/2013 a partir de la unificación del Instituto de Obra Social del Ejército (IOSE), la Dirección de Bienestar de la Armada (DIBA) y la Dirección de Bienestar del Personal de la Fuerza Aérea (DIBPFA). La concentración buscaba unificar la cobertura sanitaria del personal militar y corregir problemas financieros y operativos que arrastraban las estructuras anteriores.
La crisis actual tiene un componente acumulativo de años de gestión a cargo de políticos.
El deterioro se profundizó durante 2024, pero la obligación de cancelar el pasivo de una obra social en proceso de desaparición quedó ahora concentrada sobre la liquidación, ahora conducida por uniformados.
Los sumarios y el liquidador como juez y parte
Durante su gestión, Guzmán firmó el cierre de dos investigaciones administrativas heredadas: una relacionada con el crecimiento de la deuda y otra con la compra de vacunas antigripales. Ambas actuaciones terminaron archivadas sin sanciones ni responsables determinados.
En el expediente referido al endeudamiento se investigaba la evolución del pasivo que alcanzaba los $122.554 millones a diciembre de 2024.
La investigación concluyó que no existían elementos suficientes para atribuir responsabilidades administrativas, patrimoniales o penales.
El dato que quedó expuesto es que Guzmán había ocupado durante ese período el cargo de gerente de Prestaciones y sus descargos formaban parte del expediente. Posteriormente, ya como administrador y liquidador, firmó la resolución que dispuso el cierre de la investigación.
El caso cuestiona la imparcialidad del cierre de actuaciones vinculadas a una gestión en la que él mismo participó.
El patrimonio también cambia de manos
Mientras se intenta cerrar las cuentas, el patrimonio de IOSFA comenzó a cambiar de administración. Hoteles, complejos recreativos y residencias fueron transferidos para su manejo directo por las Fuerzas Armadas.
Entre los establecimientos alcanzados aparecen los hoteles El Cóndor y Metropol, en Mar del Plata; el Hotel Antártida, de la Armada; establecimientos turísticos de Córdoba y la Residencia Cosquín, entre otros.
El proceso también contempla el cierre progresivo de las 33 farmacias propias del organismo, que serían reemplazadas por prestadores y proveedores externos contratados dentro del nuevo esquema.
El impacto sobre trabajadores y afiliados
La reestructuración también abrió un frente laboral. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció posibles despidos derivados del cierre de establecimientos, las transferencias y la reorganización del organismo.
Según las denuncias sindicales, cientos de trabajadores podrían quedar afectados por el proceso. En el caso de los hoteles involucrados, la cifra difundida ronda los 580 empleados.
Al mismo tiempo, beneficiarios del sistema denunciaron interrupciones en la provisión de medicamentos y en la atención médica.
En distintos puntos del país se registraron situaciones en las que afiliados debieron recurrir a hospitales municipales ante dificultades para acceder a prestaciones.