El Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz solicitó al Tribunal Superior de Justicia información sobre las actuaciones administrativas o disciplinarias realizadas tras la sustracción. También busca conocer cómo estaban resguardadas las armas y quiénes tenían a su cargo la custodia.

El Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz (CPASC) realizó una presentación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para solicitar información sobre las investigaciones internas desarrolladas tras la sustracción de armas que se encontraban bajo custodia del Juzgado de Instrucción Penal de Río Turbio.

La solicitud fue presentada mediante la Nota N.º 092/26-CPASC, ingresada el pasado 15 de septiembre, y busca determinar si luego del episodio se iniciaron investigaciones administrativas o disciplinarias dentro del Poder Judicial.

Entre otros puntos, el Colegio pidió conocer en qué condiciones permanecían guardadas las armas, cuáles eran los mecanismos de control existentes y si se analizaron eventuales responsabilidades funcionales vinculadas con su custodia.

Un caso que derivó en seis detenciones

El pedido tiene como antecedente la investigación que tomó estado público en diciembre de 2024 y que derivó en el operativo denominado “Empleado Infiel”.

En aquel procedimiento se concretaron seis allanamientos y fueron detenidas seis personas. Entre los investigados se encontraban dos efectivos policiales y un empleado judicial, en el marco de una causa por la presunta comercialización clandestina de armas que habrían sido sustraídas del depósito judicial.

El episodio también generó cuestionamientos sobre el funcionamiento interno del organismo y las condiciones en las que eran resguardados los elementos vinculados con expedientes judiciales.

En ese contexto, Judiciales de Santa Cruz había solicitado al Tribunal Superior de Justicia el inicio de un jury de enjuiciamiento contra quien entonces se desempeñaba como titular del Juzgado Provincial N.º 1 de Instrucción y Penal Juvenil de Río Turbio, Betina Bustos, por presuntas irregularidades denunciadas en torno al funcionamiento del organismo.

Buscan conocer qué ocurrió administrativamente

Ahora, el planteo del CPASC apunta a determinar qué medidas se adoptaron dentro del Poder Judicial una vez conocida la sustracción y si se establecieron responsabilidades relacionadas con la guarda y el control de las armas.

En concreto, la entidad solicitó información sobre eventuales sumarios, investigaciones disciplinarias y mecanismos de custodia, además de conocer si fueron analizadas posibles responsabilidades funcionales.

El Colegio indicó además que la presentación se realizó luego de que se hiciera pública la terna correspondiente al Concurso Múltiple N.º 115 del Consejo de la Magistratura, aunque no comunicó públicamente conclusiones sobre responsabilidades individuales vinculadas con ese proceso.

De esta manera, casi dos años después de la investigación penal que derivó en allanamientos y detenciones, el caso vuelve a estar en discusión, esta vez con el foco puesto en qué ocurrió internamente en el Juzgado y qué medidas se tomaron tras detectarse la desaparición de las armas que estaban bajo custodia judicial.