Las cámaras del Congreso Nacional se preparan para recibir las iniciativas anunciadas por Javier Milei durante la cadena nacional del jueves, en la que el Presidente volvió a colocar la cuestión Malvinas en el centro de la agenda política.
El paquete de medidas contempla un endurecimiento de las sanciones contra empresas que participen de actividades hidrocarburíferas en las islas sin autorización argentina, la extensión de las restricciones a compañías proveedoras y un proyecto vinculado con la defensa de la soberanía nacional. A esto se suma el fortalecimiento de la infraestructura militar en Tierra del Fuego.
Aunque distintos sectores de la oposición cuestionaron el momento político elegido por el Gobierno y calificaron los anuncios de electoralistas, anticiparon que participarán del debate parlamentario. Al mismo tiempo, exigirán que funcionarios del Poder Ejecutivo concurran al Congreso para explicar los alcances de las medidas.
Uno de los posicionamientos más llamativos dentro de la oposición fue el del diputado peronista Juan Grabois, quien respaldó el endurecimiento de la posición argentina frente al Reino Unido, pese a sus fuertes críticas al Gobierno de Milei.
“Aunque sea el peor Gobierno del mundo, todo lo que se haga contra el inglés invasor está bien”, expresó Grabois.
El diputado consideró además que el cambio de postura del Gobierno representa un giro respecto de la política exterior que Milei había sostenido durante buena parte de su gestión.
“Bienvenido el cambio de 180 grados de Milei que pasó de soquete colonizado a recuperar la posición histórica de la Argentina”, afirmó.
Grabois también sostuvo que los habitantes de las islas constituyen una población implantada y consideró que no les corresponde el derecho a la autodeterminación. En ese sentido, concluyó: “Ganamos la batalla cultural”.
Uno de los ejes centrales del paquete anunciado por el Presidente está relacionado con las empresas que participen, directa o indirectamente, de proyectos de explotación de recursos naturales en las islas.
El Gobierno pretende ampliar las sanciones no solamente a las compañías que desarrollen los proyectos, sino también a sus proveedores y prestadores de servicios.
Entre las medidas anunciadas se contempla impedir que las empresas sancionadas puedan contratar posteriormente en territorio argentino, tanto con organismos del Estado como con compañías privadas. También se prevé, cuando corresponda, la posibilidad de aplicar el mecanismo de juicio en ausencia.
La iniciativa apunta especialmente contra el desarrollo petrolero Sea Lion, impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum en la cuenca norte de las Malvinas. El proyecto contempla una primera etapa de producción que, según los planes de las compañías, comenzaría en 2028.
El Gobierno sostiene que el avance de ese proyecto implica una explotación de recursos naturales que Argentina considera propios y que se desarrolla en una zona cuya soberanía permanece en disputa.
La senadora libertaria Patricia Bullrich defendió esa postura y advirtió sobre las consecuencias que tendría permitir el inicio de la producción petrolera.
“Si nosotros dejásemos que esa producción de petróleo comience, estaríamos aceptando el robo de estos recursos naturales y, de hecho, la profundización de una colonización en las Malvinas”, sostuvo.
Desde el peronismo, la senadora fueguina Cristina López cuestionó al Gobierno por las medidas vinculadas con Tierra del Fuego y puso el foco en el financiamiento destinado a la infraestructura de defensa.
“Después de desfinanciar durante tu Gobierno la Base Naval Integrada de Ushuaia, ahora anunciás que vas a construir un Polo Logístico para fortalecer nuestra presencia en el Atlántico Sur”, cuestionó.
López también criticó el anuncio de nuevas sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en las islas y calificó las medidas anunciadas por Milei como “todo biri biri”.
Además de los proyectos de ley, el Parlamento deberá analizar el DNU que amplió las partidas presupuestarias destinadas al Ministerio de Defensa.
El decreto fue publicado luego de la cadena nacional y forma parte del conjunto de medidas con las que el Gobierno busca fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur. Entre sus objetivos se encuentra avanzar con la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, además de reforzar capacidades de telecomunicaciones y ampliar la proyección estratégica hacia la Antártida.
La medida deberá pasar por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, integrada por ocho diputados y ocho senadores.
Según la composición actual mencionada en el Congreso, el oficialismo y sus aliados reúnen una mayoría dentro de la Bicameral, mientras que el peronismo cuenta con una representación menor. El escenario anticipa un trámite legislativo favorable para el Gobierno en esa primera instancia.
Las nuevas iniciativas no parten de cero. El Congreso viene acumulando desde hace años proyectos y pedidos de informes vinculados con la explotación hidrocarburífera en las Islas Malvinas.
Uno de los primeros antecedentes mencionados se remonta a 2012, cuando la entonces diputada Liliana Fadul presentó una iniciativa luego de que Rockhopper Exploration anunciara avances vinculados con el proyecto Sea Lion.
En aquel momento, la legisladora planteó que cualquier actividad hidrocarburífera desarrollada en el territorio que Argentina considera propio, sin autorización de las autoridades nacionales, constituía una vulneración de los derechos soberanos argentinos.
Cinco años después, en 2017, el entonces diputado peronista Guillermo Carmona realizó una serie de consultas al Poder Ejecutivo sobre la actividad petrolera británica en la cuenca norte de las islas.
Carmona cuestionó específicamente la falta de sanciones contra empresas vinculadas con Sea Lion y recordó las resoluciones de Naciones Unidas relacionadas con la disputa de soberanía.
Durante los años siguientes también fueron presentados proyectos por legisladores de distintos espacios políticos, entre ellos iniciativas de Eugenia Alianiello, Sabrina Selva, Marcela Pagano y Jorge Araujo Hernández, además de una propuesta impulsada recientemente por Adriana Serquis y Juan Grabois para pedir información sobre el avance de las operaciones hidrocarburíferas en la cuenca Malvinas Norte.
La Cámara alta también intervino en diferentes oportunidades.
En 2017, el entonces senador del PJ Juan Mario País presentó un pedido de informes relacionado con la actividad hidrocarburífera británica en las islas y reclamó que el Estado argentino utilizara las herramientas diplomáticas y legales disponibles.
Un año después, en 2018, la senadora Magdalena Odarda pidió que el Gobierno denunciara ante organismos internacionales los planes británicos para avanzar con la explotación petrolera en el área de Sea Lion.
La iniciativa fue girada a la Comisión de Relaciones Exteriores, pero no llegó a ser tratada y terminó archivada en 2022.
Ahora, con los nuevos proyectos anunciados por Milei, el Congreso volverá a tener sobre la mesa una discusión que lleva más de una década: cómo utilizar las herramientas legales, diplomáticas y económicas para impedir que empresas vinculadas con la explotación de recursos en las Malvinas puedan desarrollar actividades sin autorización argentina.
El debate tendrá además un componente político particular: mientras el oficialismo busca presentar las medidas como parte de una estrategia de defensa de la soberanía y los recursos naturales, sectores de la oposición cuestionan el momento elegido por el Gobierno, pero al mismo tiempo reconocen que la cuestión Malvinas constituye una política de Estado y anticipan que participarán del debate parlamentario.
