La administración de Donald Trump prepara una de las medidas migratorias más importantes de su segundo mandato: la posible revocación de hasta 200.000 visas B1 y B2 de extranjeros que hayan solicitado o estén solicitando asilo en Estados Unidos. De concretarse, sería la mayor revocación masiva de visas en la historia del país y podría generar nuevos desafíos judiciales.
La medida alcanzaría a visas emitidas entre 2016 y 2026 cuyos titulares hayan presentado una solicitud de asilo. El Departamento de Estado trabaja en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para identificar a las personas alcanzadas y avanzar con las cancelaciones. El anuncio podría realizarse durante las próximas semanas, aunque el proceso todavía no es definitivo.

Las visas B1 se utilizan principalmente para viajes de negocios, mientras que las B2 están destinadas al turismo, visitas familiares y determinados tratamientos médicos. El Gobierno estadounidense cuestiona especialmente los casos de personas que ingresaron al país bajo esas categorías y posteriormente solicitaron asilo con el objetivo de permanecer de manera permanente.
Desde el Departamento de Estado señalaron que el proceso será dinámico y progresivo, por lo que la cifra final todavía no está determinada. De hecho, el organismo evitó confirmar que serán exactamente 200.000 las visas revocadas y remarcó que la cantidad podría modificarse a medida que avance la revisión.
Un punto clave es que la revocación de una visa no implica necesariamente una deportación inmediata. Según funcionarios estadounidenses, muchas de las personas con solicitudes de asilo pendientes perderían su condición de visitantes de negocios o turismo y serían reclasificadas dentro del sistema migratorio, aunque las consecuencias dependerán de la situación particular de cada caso.

La medida forma parte de una política migratoria más restrictiva impulsada por Trump desde el inicio de su segundo mandato. La administración incrementó los controles sobre los solicitantes de visas, exige mayor información sobre su actividad en redes sociales, implementó nuevos requisitos económicos y restringió la emisión de permisos para ciudadanos de determinados países.
El subsecretario de Estado Christopher Landau cuestionó públicamente el uso de visas de turismo y negocios para luego presentar solicitudes de asilo. En un mensaje publicado en redes sociales, sostuvo que el asilo no debería convertirse en una vía para eludir las leyes migratorias estadounidenses.
La ofensiva también contempla otras medidas. En las últimas semanas, el Departamento de Estado informó que había revocado alrededor de 175.000 visas por distintos motivos, entre ellos antecedentes o acusaciones por delitos y otras situaciones consideradas incompatibles con la permanencia o el ingreso al país.
Además, el Gobierno avanzó con una propuesta separada para establecer una tasa de US$103.265 para determinadas solicitudes de visas de trabajo H-1B, utilizadas por empresas para contratar profesionales especializados. El nuevo esquema forma parte del endurecimiento general de la política migratoria, aunque no está directamente relacionado con la posible revocación de las visas B1 y B2.
Por ahora, la revisión de los titulares de visas continúa y la cifra definitiva de personas alcanzadas todavía no fue establecida. Si la medida avanza sin modificaciones ni impugnaciones, Estados Unidos podría concretar en las próximas semanas una revocación de visas sin precedentes por su magnitud, en un nuevo capítulo de la política migratoria impulsada por Trump.