El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se prepara para presentar su declaración jurada patrimonial en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y de una creciente tensión interna dentro del oficialismo. Según trascendió en las últimas horas, el funcionario buscaría hacer pública la documentación a comienzos de junio, aunque evita acelerar los tiempos pese a las presiones políticas provenientes de distintos sectores del gobierno.
Desde el entorno de Adorni aseguran que el funcionario no está dispuesto a modificar su estrategia por los cuestionamientos de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ni de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quienes en los últimos días reclamaron públicamente que anticipe la presentación y dé explicaciones sobre su situación judicial.
“No lo van a apurar ni Bullrich ni Villarruel”, sostienen cerca del jefe de Gabinete, donde consideran que detrás de los cuestionamientos también existe una disputa interna dentro de La Libertad Avanza.
En la Casa Rosada generaron malestar las declaraciones de la ministra de Seguridad, que había pedido que Adorni hiciera pública su declaración jurada cuanto antes. La postura no cayó bien ni en el presidente Javier Milei ni en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quienes interpretaron que la funcionaria rompió la estrategia comunicacional que preparaba el oficialismo.
De hecho, el propio mandatario salió a respaldar públicamente al jefe de Gabinete y sostuvo que Bullrich “spoileó” un movimiento que ya estaba previsto. “Patricia adelantó lo que efectivamente iba a suceder”, afirmó Milei durante una entrevista televisiva, en referencia a la futura presentación de la documentación patrimonial.
Las diferencias internas también alcanzan a la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuya relación con el círculo más cercano del Presidente atraviesa uno de sus peores momentos. La titular del Senado también reclamó públicamente que Adorni presente su declaración jurada, un gesto que fue interpretado en el oficialismo como una nueva señal de distanciamiento político.
Mientras tanto, el contador del jefe de Gabinete trabaja en la documentación con la que buscarán justificar la adquisición de propiedades y distintos viajes al exterior que forman parte de la investigación judicial. En el entorno libertario intentan minimizar el impacto político de la causa y aseguran que no existe preocupación por una eventual imputación formal.
“Creemos que tiene todo en regla”, señalan desde el oficialismo, donde además descartan por ahora la posibilidad de un llamado a indagatoria por parte de la Justicia.
La causa está en manos del fiscal Gerardo Pollicita y del juez federal Ariel Lijo, quienes continúan reuniendo información patrimonial y financiera vinculada al funcionario nacional. En el gobierno aseguran que no buscan interferir en el expediente y que esperarán el avance de la investigación judicial.
