Cientos de reclusos se amotinaron este domingo en el Internado Judicial de Barinas (Injuba), en el oeste de Venezuela, en medio de denuncias por presuntos casos de torturas, malos tratos y restricciones en el acceso a alimentos, medicinas y agua potable dentro del establecimiento penitenciario.

La protesta se originó cuando los internos tomaron el techado del penal y elevaron sus reclamos contra las autoridades del centro, exigiendo la destitución del director del establecimiento, Elvis Macuare Guerrero, a quien acusan de implementar prácticas de abuso, según denuncias difundidas por organizaciones de derechos humanos.

Entre los señalados por los reclusos también figura un efectivo identificado como “El padrino”, a quien acusan de ordenar presuntos actos de violencia y restricciones dentro del penal.
De acuerdo con la información difundida por la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), durante el motín se habrían registrado heridos por disparos, aunque hasta el momento no se precisó la cantidad ni la gravedad de las lesiones.
La organización también denunció que en el marco de la protesta habrían intervenido efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes ingresaron al penal y utilizaron gases lacrimógenos, lo que habría afectado incluso a mujeres alojadas en el anexo femenino.

Desde la ONG Provea solicitaron la intervención urgente del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para garantizar la vida e integridad de las personas privadas de libertad, en un contexto que describieron como crítico.
El OVP indicó además que los internos aseguran haber iniciado una manifestación pacífica, que habría escalado tras presuntas acciones de represión dentro del penal. En distintos registros difundidos por organizaciones, se observa a reclusos encapuchados sobre los techos del establecimiento y quemando colchonetas en señal de protesta.
La situación en el Injuba se suma a otros episodios recientes de conflictividad en cárceles venezolanas, donde organizaciones de derechos humanos vienen alertando sobre hacinamiento, violencia institucional y falta de atención básica dentro del sistema penitenciario.
Las autoridades no emitieron hasta el momento un comunicado oficial detallando lo ocurrido ni confirmando el número de heridos.