El Gobierno provincial endurece los controles para garantizar el 90% de empleo santacruceño en la minería. Detectaron irregularidades y advierten con multas.
El Gobierno de Santa Cruz avanzará con controles más estrictos sobre las empresas mineras tras el vencimiento del plazo de adecuación a la Ley 3.141, que establece que el 90% de los puestos laborales deben ser ocupados por trabajadores con residencia en la provincia.
La medida fue confirmada por el ministro de Trabajo, Juan Mata, quien remarcó que se trata de una decisión política orientada a ordenar la actividad y garantizar empleo genuino para los santacruceños.
El anuncio se dio luego de una mesa de trabajo realizada en Río Gallegos con representantes de las principales operadoras mineras, entre ellas Cerro Vanguardia, Patagonia Gold, Minera Don Nicolás, Minera Santa Cruz, Estelar Resources y Oroplata/Newmont, junto al diputado Santiago Aberastain y autoridades provinciales.
Controles más duros y sanciones
Desde la cartera laboral indicaron que comienza una nueva etapa con mayor fiscalización en todo el territorio. En ese marco, el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, advirtió sobre irregularidades detectadas durante inspecciones.
“Encontramos casos donde los trabajadores no viven realmente en Santa Cruz. Eso es una falta grave y será sancionada”, señaló.
Según se informó, se intensificarán los controles, se aplicarán multas a las empresas que incumplan y se exigirá la acreditación real de residencia para evitar maniobras fraudulentas.
Un sistema para monitorear en tiempo real
Uno de los ejes centrales de la política es la implementación del SIREL (Sistema de Registro de Empleo Local), una plataforma obligatoria donde las empresas deben declarar a sus trabajadores.
Desde el Gobierno explicaron que el sistema permite controlar en tiempo real el cumplimiento del cupo de empleo local, y que la información presentada tiene carácter de declaración jurada.
Excepciones bajo la lupa
Si bien la normativa contempla un 10% de excepción para personal jerárquico o especializado, desde el Ejecutivo aclararon que no será automática.
Las empresas deberán justificar la contratación externa y demostrar que no existe mano de obra disponible en la provincia, además de implementar programas de capacitación para formar trabajadores locales que puedan ocupar esos puestos a futuro.
Apuntan a más empleo y desarrollo local
En paralelo, el Gobierno impulsa políticas de formación profesional junto a universidades, institutos técnicos y organizaciones sindicales, con el objetivo de preparar a trabajadores santacruceños para la demanda del sector minero.
La iniciativa se complementa con otras medidas como el fortalecimiento del compre local y el desarrollo de proveedores provinciales.
Con este esquema, la provincia busca reforzar su rol de control sobre la actividad minera y asegurar que el crecimiento del sector se traduzca en más empleo para los habitantes de Santa Cruz.
