Un amplio operativo internacional contra delitos vinculados al material de abuso sexual infantil tuvo impacto en Santa Cruz, donde se realizaron múltiples allanamientos, hubo personas demoradas y una funcionaria provincial fue apartada de su cargo tras quedar a disposición de la Justicia.

El procedimiento se enmarca en la investigación denominada “Aliados por la Infancia VI”, una acción coordinada a nivel global que se desarrolló en simultáneo en al menos 16 países y en distintas provincias argentinas, con el objetivo de combatir el consumo, almacenamiento y distribución de este tipo de contenido ilegal.

Despliegue en Santa Cruz

En la provincia se concretaron 13 allanamientos en forma simultánea, distribuidos en Río Gallegos, El Calafate y Comandante Luis Piedra Buena. De ese total, nueve se realizaron en la capital provincial, tres en la villa turística y uno en Piedra Buena.

Como resultado de los procedimientos, cinco personas mayores de edad fueron demoradas en Río Gallegos, mientras que también se identificó a menores que quedaron bajo resguardo, con intervención de las autoridades correspondientes.

Durante los operativos se secuestraron dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes, en el marco de la investigación que busca determinar responsabilidades y posibles conexiones con redes de mayor alcance. En uno de los allanamientos en El Calafate, además, se incautaron armas de fuego.

Una funcionaria apartada

En este contexto, una directora de un Centro Integrador Comunitario (CIC) de Río Gallegos fue desvinculada de su cargo luego de que su domicilio fuera allanado. La mujer quedó a disposición de la Justicia en el marco de la causa.

La medida fue adoptada de manera inmediata por las autoridades provinciales, que señalaron que se actuó con rapidez ante una situación de estas características, acompañando el accionar judicial.

Operativo internacional y delitos complejos

El despliegue contó con la intervención de áreas especializadas en investigación criminal y ciberdelito, entre ellas la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones, la División de Investigaciones (DDI), Cibercrimen y Trata de Personas, además de unidades vinculadas a delitos complejos.

A nivel nacional, la causa incluyó más de 70 allanamientos en distintas jurisdicciones, mientras que en el plano internacional involucró a países como Estados Unidos, Brasil, Colombia y Uruguay, entre otros.

Desde las fuerzas intervinientes remarcaron que el consumo y distribución de material de abuso sexual infantil constituye uno de los delitos más graves dentro de la ciberdelincuencia, ya que alimenta redes criminales que operan a escala global.

La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días.