El presidente Javier Milei volvió a apuntar contra el periodismo con duros calificativos hacia profesionales y directivos de Todo Noticias (TN), a quienes acusó de ser “delincuentes” y de haber cometido un “delito grave”, sin precisar a qué hecho concreto hacía referencia.
A través de un mensaje en redes sociales, el mandatario calificó como “basuras inmundas” a los periodistas Luciana Geuna y Ignacio Salerno, y extendió sus críticas a las autoridades del canal. Según expresó, el accionar de los involucrados evidenciaría una “malicia” manifiesta y una presunta complicidad dentro de la estructura del medio.


El mensaje presidencial, que concluyó con un irónico “¡CIAO!”, se da en un contexto de creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y los trabajadores de prensa que cubren la gestión libertaria.
Lejos de tratarse de un episodio aislado, la embestida se inscribe en una escalada de confrontación que viene profundizándose en las últimas semanas. Días atrás, el Gobierno dispuso el cierre de la histórica sala de periodistas de la Casa Rosada, restringiendo el acceso de acreditados y limitando la circulación de información dentro de la sede gubernamental.

La medida generó un fuerte rechazo por parte de organizaciones periodísticas, que la interpretaron como un intento de condicionar la labor informativa y reducir los mecanismos de control sobre los actos de gobierno.


En ese marco, referentes del periodismo nacional advirtieron que el uso reiterado de descalificaciones por parte del Presidente contribuye a deteriorar el clima democrático y puede derivar en situaciones de violencia digital contra trabajadores de prensa.
“Han cometido un delito grave y deberían pagar por ello. El comportamiento de los involucrados luego de lo ocurrido muestra la malicia de los periodistas y la complicidad de las autoridades”, sostuvo Milei en su publicación, sin aportar detalles técnicos sobre la acusación.
Mientras desde el oficialismo se argumenta que estas reacciones forman parte de una defensa frente a la difusión de “fake news”, organismos vinculados a la libertad de expresión alertan que la estigmatización desde el poder estatal hacia voces críticas representa un riesgo para la calidad institucional y el debate público en la Argentina.