El ex candidato presidencial del peronismo Sergio Massa declaró este miércoles en la causa que investiga irregularidades en el programa de viviendas “Sueños compartidos”, impulsado por Madres de Plaza de Mayo en épocas del kirchnerismo, y admitió que “hubo incumplimientos” en la entrega de las unidades en el distrito de Tigre, del que era intendente.
Massa compareció ante el Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py y señaló que el plan de viviendas, cuyo titular era Sergio Shocklender, registró “incumplimientos y por eso el municipio decidió discontinuar con las obras".
En la causa están acusados por irregularidades, además de Sergio Schoklender, su hermano Pablo Schoklender, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el ex funcionario declaró durante alrededor de media hora y no realizó declaraciones al periodismo ni a la entrada ni a la salida del tribunal, donde dio testinonio sobre los barrios que debía construir “Sueños compartidos” en ese municipio de Tigre: San Pablo, Garrote y Cina-Cina.
Sin embargo, y pese a asegurar que las obras "tuvieron un impacto positivo", no pudo confirmar si los contratos fueron adjudicados al programa impulsado por las Madres de Plaza de Mayo porque, cuando asumió la intendencia del distrito, “ya estaban firmados”, según explicó.
Tras mencionar el incumplimiento en la entrega de las obras, señaló que estas fueron finalizadas “por el municipio con fondos propios” debido a que la Nación, que era la que las financiaba, “discontinuó los pagos”.
El caso
Sueños compartidos suscribió contratos para construir viviendas populares en distintos puntos del país, como la Capital Federal y las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Misiones, y en los municipios de Almirante Brown, Tigre, Ezeiza, Bariloche y Rosario.
En los tribunales se investiga la posible “administración fraudulenta” hacia el Estado nacional por los fondos que proporcionó al programa el gobierno de Cristina Kirchner.
La financiación estatal proporcionaba fondos para edificar a las Madres de Plaza de Mayo, una entidad presidida por aquel entonces por Hebe de Bonafini, quien también fue enviada a juicio, pero falleció en 2022.