La ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross, encabezó una jornada de trabajo con directores hospitalarios, en la Sala Gregores, para establecer mecanismos de saneamiento financiero frente a una deuda de 12.000 millones de pesos de las entidades de salud privadas.
En el marco de la iniciativa impulsada por el gobernador Claudio Vidal, para normalizar el patrimonio provincial, el Gobierno Provincial se refirió al monto de lo adeudado por las obras sociales, cantidad que compromete al sector público.
Regularización administrativa y suspensión de turnos programados
La red asistencial de la provincia enfrenta un escenario crítico, que trasciende la atención médica, para convertirse en un desfasaje financiero estructural.
Durante el reciente encuentro que tuvo lugar en la capital santacruceña, encabezado por la ministra Lorena Ross, se puso de manifiesto que el sector público ha asumido, de forma involuntaria, el rol de financiador de las entidades de medicina privada y de seguridad social.
Según explicó el secretario de Estado de Salud y Seguridad del Paciente, Simón Herrero, el diagnóstico es alarmante: el 95% de las obras sociales mantiene deudas con los hospitales públicos, acumulando en algunos casos hasta siete años de morosidad.
Esta situación ha derivado en una estrategia de intimación formal, que busca romper con la inercia de gestiones anteriores. El secretario Herrero detalló que, pese a los múltiples intentos de comunicación mediante notas y correos electrónicos, la respuesta ha sido marginal. "Solamente tres obras sociales de más de cien nos han contestado; el resto ha recibido, pero no ha dado respuesta", señaló el funcionario, subrayando que las pocas entidades que mostraron interés intentaron modificar convenios diseñados específicamente, para proteger los intereses de la provincia.
La gestión actual busca establecer un marco jurídico y legal inexistente hasta la fecha, a través de la firma de nuevos convenios que permitan regularizar las falencias administrativas y burocráticas detectadas en toda la jurisdicción. La urgencia de esta medida se vincula directamente con la coyuntura económica actual, que obliga al sistema público a optimizar cada recurso, para garantizar la operatividad de los centros de salud en cada localidad.
Prioridades en la atención y excepciones vigentes
Respecto al impacto que esta deuda tendrá en los afiliados, el Gobierno de la Provincia ha definido prioridades claras, para no desproteger a la población vulnerable. Mientras se evalúan las estrategias legales a seguir, Herrero fue enfático al aclarar que "la cobertura de la guardia y de todas las urgencias va a seguir estando, cualquiera sea la obra social". Sin embargo, advirtió que las atenciones programadas podrían verse interrumpidas, para aquellos usuarios cuyas prestadoras no se pongan en regla con la deuda y el nuevo marco normativo.
En este contexto de reordenamiento, solo la Caja de Servicios Sociales, el PAMI y, momentáneamente, UPCN -esta última bajo proceso de negociación-, se encuentran exceptuadas de las posibles restricciones en turnos programados.
El objetivo final, según se concluyó en la mesa de trabajo con los directores hospitalarios, es que el sistema de salud deje de absorber los costos de entidades privadas que no cumplen con sus obligaciones, asegurando que el presupuesto público se destine efectivamente a la mejora de la infraestructura y atención de los santacruceños.
