El Gobierno de Francia, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, expresó una firme oposición a la incursión militar de los Estados Unidos en Venezuela.
En un comunicado que resuena en las cancillerías europeas, Barrot advirtió que acciones unilaterales de este tipo "erosionan los fundamentos del derecho internacional" y podrían desencadenar "consecuencias graves para la seguridad mundial que no perdonarán a nadie".
París enfatizó que la Carta de las Naciones Unidas debe ser la guía innegociable de la acción internacional, rechazando que soluciones políticas sean impuestas desde el exterior. "Sólo los pueblos soberanos deciden su propio futuro", sentenció el ministro, alineándose con la preocupación de Noruega y Dinamarca sobre la legalidad de la operación "Absolute Resolve" ordenada por Donald Trump.
Sin embargo, la posición francesa muestra una dualidad interna. Mientras la diplomacia técnica de Barrot se enfoca en el respeto a las normas internacionales, el presidente Emmanuel Macron adoptó un tono más celebratorio al afirmar que "el pueblo venezolano solo puede alegrarse" por el fin del régimen de Maduro, a quien calificó de cometer una "grave afrenta contra la dignidad".
Esta contradicción refleja la tensión en el Elíseo: la necesidad de defender el orden jurídico global frente a la voluntad política de ver fuera del poder a un líder acusado de narcoterrorismo por Washington.
Mientras tanto, en las calles de París, sectores de izquierda ya se movilizan contra lo que llaman una "barbarie imperialista", profundizando el debate sobre si la captura de un mandatario puede justificarse en nombre de la libertad.
