Japón puso en marcha este martes su propia versión del plan motosierra con el objetivo de eliminar el despilfarro de fondos públicos y revisar subsidios extraños y ventajas fiscales innecesarias.
El proyecto sigue la línea de recortes en los gastos estatales impulsado, por ejemplo, por Javier Milei en Argentina y por el polémico Departamento de Eficiencia Gubernamental estadounidense (DOGE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, capitaneado por Elon Musk hasta su ruptura pública con el presidente, Donald Trump.
"El público está muy interesado en eliminar el despilfarro y revisar proyectos. Sería muy útil solicitar la mayor cantidad posible de opiniones sobre qué se considera despilfarro, qué subsidios son extraños y qué exenciones fiscales se consideran innecesarias", dijo en rueda de prensa la ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, que lidera la flamante Oficina de Revisión de Medidas Fiscales Especiales y Subsidios.
El proyecto contará con un equipo de unas 30 personas que analizarán programas gubernamentales poco eficaces, recoge la cadena pública NHK.
Su creación fue una de las condiciones del Partido de la Innovación de Japón (Ishin) para firmar en octubre el acuerdo de coalición con el Partido Liberal Democrático (PLD) que permitió a la actual mandataria, Sanae Takaichi, hacerse con el cargo de primera ministra.
Las recomendaciones del órgano se incorporarán al presupuesto para el año fiscal 2027, que comenzará en abril de 2027.
El anuncio llega en paralelo a la aprobación de un nuevo paquete de estímulos por valor de 21,3 billones de yenes (135.500 millones de dólares) para hacer frente a los crecientes costes de vida, la primera política económica de calado de Takaichi que ha disparado la preocupación por la salud fiscal de Japón, la más endeudada de las grandes economías.
Para financiar el paquete, el Ejecutivo japonés planea elaborar un presupuesto suplementario de 17,7 billones de yenes (112.500 millones de dólares) para el ejercicio fiscal en curso, que cerrará a finales de marzo de 2026, y que marcaría el mayor monto de este tipo desde la pandemia del coronavirus.
El controvertido DOGE estadounidense, creado con el objetivo de reducir el gasto público en EE.UU., fue encabezado por el multimillonario Musk hasta que abandonó el cargo tras una serie de desacuerdos con el plan fiscal del presidente Trump.
El nombre del órgano, que ha quedado diluido y su trabajo integrado en otras agencias gubernamentales a falta de ocho meses para que concluya su mandato, viene de hecho de un 'meme' que utiliza la cara de un perro japonés de la raza shiba inu, y que fue elegido imagen de la criptomoneda 'dogecoin', defendida por Musk.