La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) manifestó este martes su solidaridad con los dirigentes misioneros Mónica Gurina y Leandro Sánchez, quienes comenzaron a ser juzgados esta semana en la provincia de Misiones, acusados por su participación en las protestas docentes y estatales registradas durante 2024, conocidas como el “misionerazo”.

El proceso judicial que enfrentan ambos referentes gremiales se origina en las masivas huelgas y acampes que tuvieron lugar el año pasado, cuando trabajadores de la educación, la salud y efectivos policiales impulsaron un reclamo salarial que se extendió durante un mes y concluyó con mejoras para los sectores movilizados.
Para ADOSAC, la apertura del juicio representa “un intento de criminalizar la protesta social” y una reacción del Estado frente a un conflicto que, según señalan, se resolvió gracias a la organización de los trabajadores.

La conducción provincial del sindicato docente santacruceño recordó que la situación adquiere especial relevancia para el sector, ya que cuatro trabajadores de la educación de Santa Cruz continúan procesados por las protestas del año 2017, lo que -afirman- evidencia una tendencia creciente a judicializar la demanda social en distintas provincias del país.

“Exigimos la absolución de los compañeros Leandro Sánchez y Mónica Gurina y ratificamos que la protesta es un derecho constitucional y no un delito”, expresaron desde el gremio, al tiempo que alertaron sobre un contexto nacional en el que, señalaron, “se acentúan las políticas de persecución” tras la incorporación de referentes militares a cargos del Gobierno nacional.

El juicio en Misiones continuará desarrollándose durante esta semana y desde ADOSAC adelantaron que seguirán acompañando el proceso y expresando públicamente su postura.