El vocal suspendido del TSJ ratificó que la acusación no encuadra en ninguna causal constitucional y pidió a los diputados ajustar el proceso a la Carta Magna. Tras los alegatos, la Sala Juzgadora pasó a deliberar y definirá este sábado si lo destituye o lo restituyen.


El juicio político contra el vocal del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, Fernando Basanta, entró este viernes en su tramo final con la presentación de los alegatos ante la Sala Juzgadora. En una intervención extensa y cargada de argumentos constitucionales, el magistrado sostuvo que la acusación “no encuadra en ninguna de las causales” previstas para una destitución y defendió la legalidad de su designación.

La audiencia se abrió con la exposición de la comisión acusadora. En representación del cuerpo, el diputado Pedro Muñoz insistió en que Basanta habría aceptado el cargo sin cumplir los requisitos constitucionales y que, por ese motivo, estaba obligado a rechazar la propuesta. Según la acusación, esa conducta constituye mal desempeño y una violación del régimen ético de la magistratura.

Basanta respondió de forma directa. Apoyado en la Constitución Provincial, recordó que las causas de juicio político son taxativas: incapacidad física o mental sobreviniente, delitos en el ejercicio de la función, incumplimiento de los deberes del cargo o delitos comunes. “No tengo incapacidad, no tengo una sola denuncia penal, no existe incumplimiento de deberes y los delitos comunes deben ser investigados por la Justicia, no por esta Cámara”, afirmó.

El vocal también señaló que la Justicia ordinaria ya había desestimado una denuncia con los mismos argumentos sobre presuntas irregularidades en su acceso al cargo. Además, cuestionó la acusación por supuesta inhabilidad moral, al señalar que se basa en un artículo de la Ley 3325 que no integra las causales constitucionales. “¿Qué me imputa la Sala Acusadora? Nada que esté dentro de las cuatro causales del juicio político”, dijo.

En su tramo más personal, Basanta pidió a los diputados evaluar el caso “con apego a la Constitución” y lanzó una frase que marcó la audiencia: “Jamás me cagué en un solo habitante de esta provincia. Perdón si he sido duro cuando he discutido. Pero siempre dentro de mis convicciones”.

Tras los alegatos, los legisladores pasaron a una sesión secreta para deliberar. El plazo para decidir es de 48 horas, pero la definición deberá conocerse mañana sábado, cuando se cumplan los 30 días corridos de la suspensión preventiva de Basanta. La decisión final -destitución o continuidad en el cargo- se anunciará en una sesión especial convocada para ese día.