El caso de Karla Robles, una joven tucumana de 27 años que se quitó la vida en un vivo de TikTok, conmociona al país y reaviva el debate sobre la violencia de género y la inacción judicial. En las últimas horas fue detenido su exnovio, Ricardo Zerda, acusado de ser el instigador del suicidio.

La Unidad Especializada de Homicidios I del Ministerio Público Fiscal (MPF) ordenó la detención de Zerda en el Hospital Obarrio, donde estaba internado. Los investigadores buscan determinar si el acusado generó un contexto de amenazas, hostigamiento y miedo que empujó a la joven a quitarse la vida.

El caso tomó trascendencia nacional no solo por su desenlace trágico, sino porque Karla había anticipado su final en redes sociales. “Prefiero matarme antes que él me mate a mí”, había dicho en un video de TikTok que hoy resulta estremecedor.

Según el abogado de la familia, Augusto Avellaneda, la víctima vivió meses de terror: “La obligó a borrar una foto y la amenazó de muerte a ella y a toda su familia. Le dijo que si no se quitaba la vida, iba a matar a su mamá, a su papá y a todos”, relató el letrado.
Seis denuncias archivadas
Uno de los puntos más escandalosos del caso es que Karla denunció a Zerda al menos seis veces por violencia de género, pero todas las causas fueron archivadas por el fiscal Augusto Zapata.
La madre de la joven, Mirta Jiménez, apuntó directamente contra la Justicia: “Si él hubiese detenido a ese tipo la primera vez que mi hija denunció, ella hoy estaría viva. Pero el fiscal Zapata archivaba todo. Él nunca estuvo detenido”, expresó durante una marcha para pedir justicia.

El abogado Avellaneda había solicitado en reiteradas ocasiones la detención de Zerda, advirtiendo que la vida de Karla estaba “en riesgo latente”. Sin embargo, la Justicia solo dictó una restricción de acercamiento que el agresor violó sistemáticamente.
Tras el suicidio, la familia entregó a los investigadores el celular de la víctima, que contiene audios, videos y mensajes que probarían el hostigamiento constante que sufría.
El caso, que generó una ola de indignación en Tucumán y en todo el país, vuelve a poner en el centro del debate la falta de respuestas ante las denuncias por violencia de género y el costo irreversible de la desprotección judicial.