El juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi, rechazó la competencia para investigar la causa por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA promocionada por el presidente Javier Milei.
Esta semana, el juez Ariel Lijo, subrogando a su colega María Servini, le derivó la causa a Martínez de Giorgi quien ya tenía un expediente en el que está denunciada Karina Milei por facilitar audiencias con el presidente a cambio de sumas de dinero.

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Martinez de Giorgi sostuvo que, si bien comparte el criterio de conexidad entre las causas, la Cámara Federal había adoptado un criterio diferente y que debían tramitar separadas. Por ello decidió “no aceptar la competencia atribuida a este tribunal”.
La causa que está en manos de Martínez de Giorgi se inició como consecuencia de la denuncia formulada el 28 de febrero de 2025 por los diputados Nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro.
Se denunció un presunto mecanismo mediante el cual la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, habría facilitado audiencias a cambio de dinero con el Presidente.
En particular, se denunció que la cobraría sumas de dinero para lograr ese cometido y que en el marco de esta práctica fue que acercó a Hayden Davis, presunto precursor de la criptomoneda "$Libra", al Presidente, circunstancia que derivó en que este último difundiera el proyecto en cuestión.
Conexidad
Para el juez Lijo, que está reemplazando a Servini, existe una “mancomunidad probatoria y de personas imputadas” entre ambos expedientes, por lo que decidió que las causas tramiten juntas, en manos de Martínez de Giorgi. El fiscal es el mismo, Eduardo Taiano, que continuará con la causa.
Martínez de Giorgi sostuvo que él ya había sostenido que “debían tramitar en forma conjunta a fin de evitar un dispendio jurisdiccional en detrimento de una pronta y mejor administración de justicia -postura que aquí se reafirma”
Pero que “no menos cierto es que las últimas decisiones adoptadas por el Superior (la Cámara Federal) que guardan relación con la materia han establecido un criterio diferente”
El juez rechazó la competencia, devolvió la causa al juzgado federal 1 a cargo de Servini y subrogado actualmente por Lijo, para que en su caso eleve el conflicto a la Cámara Federal para que resuelva.
La causa $Libra
El 14 de febrero de 2025, a las 19.01 horas, el Presidente de la Nación efectuó una publicación en su cuenta oficial de X (@JMilei), que rezaba: “La Argentina liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina.
Y adjuntó el enlace de un contrato por medio del cual se podía adquirir un criptoactivo denominado $LIBRA desde la plataforma Solana, que se utilizaría para financiar proyectos privados argentinos empleando la tecnología blockchain.
Si bien, de acuerdo con los denunciantes, el precio inicial de esa moneda virtual se había valuado en u$s0,01, su cotización experimentó una suba exponencial luego de la publicación del mandatario en la red social X, circunstancia que permitió que alcanzara un valor cercano a los u$s5.

Sin embargo, a las pocas horas, esa cotización se desplomó, debido a operaciones de venta que habría concretado el equipo creador del token, principales tenedores del activo, y otros actores que habrían accedido a información privilegiada respecto del lanzamiento.
Ello habría posibilitado el retiro de aproximadamente u$s100 millones de dólares, por parte de unas pocas billeteras.
Esa maniobra habría generado una pérdida de valor en las tenencias de más de cuarenta mil personas que habían comprado el token, luego de la publicación del Presidente.
Por otro lado, se mencionó que las empresas extranjeras “Kip Network”, representada por Julian Peh, y “Kelsier Ventures”, representada por Hayden Mark Davis, habrían intervenido en la creación y lanzamiento de $LIBRA.

Se denunció que previo al lanzamiento del token, tanto Peh como Davis habrían mantenido un primer contacto con el Presidente en el marco de un evento denominado Tech Forum.
Ese evento fue organizado por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy en el mes de octubre del año pasado del que también habría participado Sergio Daniel Morales, que se desempeñaba como asesor del directorio de la Comisión Nacional de Valores. Todos imputados en la causa.
Los denunciantes señalaron que los empresarios extranjeros habrían abonado una suma de dinero al Presidente y/o a su círculo de funcionarios y/o colaboradores más cercanos para posibilitar que esas reuniones se llevaran a cabo tanto en el Hotel Libertador, donde tuvo lugar el Tech Forum, como en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, y apuntaron a Karina Milei.
Ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°8, a cargo de Martínez de Giorgi se había iniciado la causa caratulada “Milei Karina s/ Cohecho y Negociaciones Incompatibles (art. 265) – Denunciante: Frade, Mónica y otro”.