Bolivia celebra este domingo unas elecciones cargadas de incertidumbre, con un porcentaje elevado de indecisos según las encuestas y en medio de una profunda crisis económica. Este proceso electoral tiene una serie de particularidades: es la primera vez en dos décadas que la izquierda llega dividida, dos candidatos de oposición son los favoritos para ganar la elección y se ha desplegado una campaña que promueve la anulación del voto.
Según las proyecciones de las encuestas electorales, se espera un resultado reñido entre los opositores Samuel Doria Medina, de alianza Unidad, y el expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), de Libre. Ambos lideran la preferencia en los sondeos, pero sin el margen necesario para ganar en primera vuelta. En tanto, el candidato de izquierda con mayor proyección, Andrónico Rodríguez, mostró una caída sostenida y pasó de ocupar el tercer lugar al quinto, con un 5% de preferencia electoral.
Sin embargo, las encuestas también muestran un alto nivel de voto residual -compuesto por el voto blanco, el voto nulo y los indecisos-, que supera el 30% de porcentaje y es mayor al de cualquiera de los ocho candidatos, por lo que los analistas advierten una elección incierta y competitiva.
A este escenario se suma una inédita campaña a favor del voto nulo en una elección presidencial, promovida por el ex mandatario Evo Morales (2006-2019), como un acto de rechazo a su inhabilitación a través de un fallo judicial que limita el ejercicio de la Presidencia a dos mandatos. “Esta elección está hecha para que vuelva la derecha y no el pueblo boliviano, una democracia sin el pueblo, sin la Bolivia profunda, sin el movimiento indígena, sin el movimiento popular”, expresó Morales a tiempo de pedir a sus seguidores marcar una gran X en la papeleta electoral.
En las últimas encuestas, el voto nulo alcanzó el 14,6% y aunque no sería contabilizado en el cómputo de la votación, la analista Luciana Jáuregui considera que es una estrategia positiva porque canaliza de forma institucional y democrática la posición política del evismo, que durante meses había amenazado con boicotear las elecciones si no se inscribía al líder cocalero.
Si se confirma la tendencia que muestran de las encuestas, Bolivia iría por primera vez al balotaje presidencial, previsto el 19 de octubre, para dirimir la votación entre dos candidatos de derecha, poniendo fin al periodo de los gobiernos de izquierda que duró casi 20 años.
Para algunos analistas, Bolivia está en el umbral de un nuevo ciclo económico que se adscribirá a principios liberales para restablecer la economía del país. En lo político, consideran que no se podrá desmontar al Estado Plurinacional, entendido como la instauración de un nuevo orden simbólico y de profunda inclusión política de sectores campesinos, indígenas y populares que históricamente estuvieron marginados, y que tuvo un correlato económico con medidas nacionalistas y de distribución de la riqueza.
La analista Ana Velasco explica que dada la situación del país, el próximo gobierno se centrará en resolver la crisis económica y que otros ajustes en el ámbito político o social, pasarán a segundo plano. “Otros cambios requieren presupuesto y no creo que estemos con esa holgura. Los primeros dos o tres años de la nueva gestión se van a concentrar en lo económico, al menos creo que eso sería lo responsable”, explicó en entrevista con Infobae.
Con Velasco coincide el analista Carlos Saavedra, que considera que el próximo gobierno será de “emergencia” y tendrá poco tiempo para resolver las urgencias derivadas de la crisis económica: garantizar combustible y contener la inflación. “No veo las bases para que inicie un nuevo ciclo político, va ser un gobierno de emergencia y transición. ¿Hacia qué? Creo que nadie lo tiene muy claro”, explicó.
Durante el ciclo del Movimiento Al Socialismo (MAS), que gobierna desde el 2006 con excepción de un año, se gobernó con mayorías legislativas. Según los analistas, la única certeza que se perfila en la previa a la elección es el fin de la hegemonía y el retorno a los pactos entre bancadas, en los que será necesario reconocer la diversidad política y construir acuerdos, para darle gobernabilidad a un periodo que requerirá tanto de ajustes como de consensos políticos.
