Una investigación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) reveló que diez valijas ingresaron al país sin pasar los controles de Aduana en un vuelo privado vinculado a un empresario cercano al Gobierno.
El caso generó un fuerte revuelo político y judicial luego de que la PIA confirmara que, pese a las desmentidas oficiales, hubo omisiones en el control de equipajes cuando el avión, propiedad del empresario y exagente de la SIDE Leonardo Scatturice, arribó al país el pasado 26 de febrero.

Una pasajera con vínculos políticos
La aeronave, un jet privado de la firma Royal Class —empresa de Scatturice, también nuevo dueño de Flybondi—, trasladaba a Arrieta, actual gerente de operaciones de OCP TECH, junto a dos tripulantes: José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto, este último ex piloto del avión presidencial ARG-01 durante la gestión de Alberto Fernández.
Al arribar al Aeroparque Jorge Newbery, las cámaras de seguridad registraron el descenso de al menos diez valijas, aunque en los documentos oficiales solo se declararon cinco. El hecho contradice las declaraciones del vocero presidencial Manuel Adorni, quien había asegurado que se cumplieron "todos los protocolos".

Repercusiones políticas y sospechas
La denuncia pública fue inicialmente impulsada por el periodista Carlos Pagni, y luego tomó fuerza con un pedido de informes presentado por la Coalición Cívica-ARI. El diputado Maximiliano Ferraro, uno de los referentes del espacio, cuestionó la falta de transparencia del Gobierno y afirmó que “las valijas del poder demostraron que Adorni y el Gobierno mintieron”.
Ferraro recordó que en marzo había solicitado acceso a la información pública a organismos como Migraciones, Aduana, PSA y ANAC, sin obtener respuestas válidas. “Al parecer han ocultado información con el solo fin de tapar el escándalo”, expresó en redes sociales.
Un informe con imágenes, testimonios y dudas sin resolver
Según el dictamen de 60 páginas elaborado por la PIA y al que accedieron distintos medios, entre ellos Clarín y TN, existen indicios de que las autoridades aeroportuarias omitieron controles clave. El documento incluye imágenes, testimonios de funcionarios jerárquicos y registros oficiales que indicarían un procedimiento anómalo. Incluso se investiga si existió una “orden externa” que condicionó la actuación del personal aduanero.
En ese sentido, se sospecha que una supuesta instrucción desde altas esferas del poder podría haber influido en la decisión de dejar pasar sin escanear la totalidad del equipaje. Fuentes periodísticas llegaron a vincular a Santiago Caputo, asesor presidencial, aunque su entorno negó rotundamente cualquier implicancia.
El gesto del “ok” y las valijas en tránsito
Uno de los momentos más llamativos del registro fílmico muestra a Laura Arrieta entregando su teléfono a una agente de Aduana, quien le responde con un gesto de aprobación. De acuerdo al informe, cinco valijas no fueron escaneadas ni inspeccionadas. “¿Ropa para la Fashion Week? ¿Dinero? ¿Material de inteligencia? Nunca lo sabremos”, ironizó Ferraro.
Además, los pilotos declararon que dos de las valijas quedaron en el avión en calidad de “equipaje en tránsito”, aunque no pudieron precisar de quién eran ni por qué no se controlaron. También se detectaron inconsistencias en los registros de vuelo: no está claro si la aeronave despegó desde Fort Lauderdale o desde Opa-Locka, ambos en el estado de Florida.
Más incógnitas que respuestas
El informe de la PIA también expone la ausencia de controles migratorios y la falta de seguimiento durante la estadía del avión en el hangar de Royal Class. En consecuencia, el organismo solicitó nuevas medidas de prueba, entre ellas, identificar a la agente aduanera que dio el visto bueno a Arrieta, y establecer a quiénes pertenecían al menos seis camionetas que se acercaron a la aeronave durante la operación.
Desde el Gobierno, en tanto, intentaron relativizar el hecho y remarcaron que el vuelo provenía “de Estados Unidos, con los controles más estrictos del mundo”. También recordaron que la causa judicial sigue abierta y que “no hay imputados hasta el momento”.
Sin embargo, el informe preliminar de la Procuraduría pone en duda la versión oficial y sugiere que podría haber habido participación de funcionarios públicos en el posible encubrimiento de las irregularidades detectadas. La investigación continúa.