En el marco de un operativo impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional y coordinado con el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de la Dra. Eleonora Weingast, conjuntamente con la División Delitos Cibernéticos Contra la Niñez y la Adolescencia de la PFA, se desarticuló una organización criminal en la Provincia de Buenos Aires dedicada a la producción, comercialización y distribución de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI).
La operación “Protección de las Infancias” tiene su génesis en el año 2023, por una investigación en el nodo fiscal de Junín, realizada en el marco del delito de distribución de material MASI en línea, a partir de la cual se desarrollaron varios procedimientos con esa denominación, cuyo objetivo principal es velar por la integridad de los niños, niñas y adolescentes, realizándose múltiples operativos durante los años 2023 y 2024.
Durante las presentes investigaciones, se combinaron tareas técnicas/investigativas con la utilización de sistema de investigación estadounidense Internet Crimes Against Children Child On-line Protection Systems (ICACCOPS) y el uso de la tecnología CPS (Child Protection System), para identificar y combatir el abuso sexual infantil, que visualizan el intercambio directo (carga o descarga) de información relacionada al tráfico de imágenes de explotación sexual infantil con números de IP (de conexión) y/o GUID (número único de identificación generado mediante un algoritmo), a través de distintas redes del tipo P2P (donde los dispositivos interactúan directamente, compartiendo los archivos sin necesidad de un servidor central).
En el marco de esta "Operación protección de infancias V", los efectivos federales mediante complejas tareas operativas y de análisis criminal, pudieron identificar los domicilios e individualizar a los autores de las conductas delictuales, geolocalizados en las localidades de Lanús, Avellaneda, La Matanza, San Martín y Lomas de Zamora.
Debido a la magnitud del operativo y sus jurisdicciones, intervino la Fiscalía Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo de la Dra. Lorena Pecorelli, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°14 de San Martín, a cargo de la Dra. Vanesa Leggio, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°8 del Departamento Judicial de Avellaneda -Lanús, a cargo del Dr. Maidana y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°9 de Lomas de Zamora, a cargo de la Dra. Vanesa Scanzani.
Asimismo, colaboró personal de la Superintendencia de Investigaciones Federales, de la Superintendencia de Drogas Peligrosas, de la Dirección General de Inteligencia Criminal y de la División Unidad Operativa Federal Pinamar, siendo un total de 357 efectivos los que participaron durante los 44 allanamientos que concretó la Policía Federal Argentina (PFA).
De esta manera, los magistrados de turno de los Departamentos Judiciales de La Matanza, Lomas de Zamora, San Martín, Lanús y Avellaneda, ordenaron la realización de dichas irrupciones en las mencionadas localidades, como así también en la ciudad balnearia de Mar del Tuyú perteneciente al Partido de la Costa.
Durante los operativos realizados en forma simultánea, fueron detenidas 25 personas mientras que otras 28 fueron notificadas de la causa. Asimismo, se secuestraron 125 aparatos de telefonía celular, 38 notebooks, 31 Cpu -computadoras de escritorio, 8 tablets, 2 router, 31 discos rígidos extraíbles, 31 pendrives, 7 adaptadores de memoria, 8 tarjetas micro Sd, 2 cámaras filmadoras, 1 cámara web, 1 caja de zapatos conteniendo en su interior 42 prendas íntimas femeninas de diversos tamaños, colores y modelos, 2 cajas de preservativos, 1 juguete sexual, 1 pistolón con varios cartuchos con posta de guerra calibre 14, 1 pistola calibre 22 con formato de lapicera y 1 revólver calibre 38 Special.
Tanto los detenidos como los notificados, quedaron junto a los elementos secuestrados a disposición del magistrado interventor, por infracción al artículo 128 del Código Penal.