México celebra este domingo una histórica y polémica elección por voto popular del Poder Judicial, con el fantasma de abstención como mayor desafío y bajo la sombra latente de la irrupción del narcotráfico y el crimen organizado en todo el proceso.
Se trata de una elección inédita, heredera de la ambiciosa y controvertida reforma judicial impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en septiembre pasado y que abrazó su sucesora, Claudia Sheinbaum.
Son en total más de 7700 candidatos para 881 puestos a nivel federal, entre ellos los nueve miembros de la Corte Suprema de Justicia, y otros 2000 estatales.
Desde el gobierno izquierdista, que ya tiene amplia mayoría en el Congreso y domina la mayor parte de las gobernaciones, estas elecciones se presentan como una democratización de la Justicia. Pero para la oposición es solo un intento de adueñarse del Poder Judicial, bajo la amenaza encubierta de la irrupción de la criminalidad organizada en la justicia.
“Hay muchos candidatos con cuestionable historial, ya sea de defender a miembros del crimen organizado o con vínculos potenciales, tal vez algunos probados. Ese quiere decir que tenemos el riesgo latente de que el crimen organizado elija a los candidatos que deben ser nuestros jueces”, dijo a TN el académico mexicano Rafael Prieto Curial, investigador del Centro de Ciencias de la Complejidad, con sede en Viena y especializado en temas de narcotráfico.
México se suma en la región a Bolivia, hasta ahora el único país latinoamericano que elige desde 2011 por voto popular a los jueces de las altas cortes del país. Solo en algunas áreas de Estados Unidos, Suiza y Japón se utilizan métodos similares para elegir a magistrados locales.
En la víspera de las elecciones, Sheinbaum llamó a los mexicanos a votar para romper la apatía que genera un profundo desconocimiento general sobre los distintos postulantes, que en su enorme mayoría no son figuras públicas. Además, los candidatos solo pudieron hacer proselitismo impreso o en las redes sociales con fondos propios, así como timbreos casa por casa y actos en el terreno.
“Es muy importante que haya una participación masiva en la elección, y la va a haber, van a votar millones de personas el próximo domingo”, afirmó.
Son casi 100 millones los mexicanos que están habilitados a votar para elegir a 9 miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF), otras 14 de las Salas Regionales, cinco del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 de circuito y 386 jueces y juezas de distrito. Además, se elegirán otros 2000 cargos estatales en todo el país. Pero el mayor foco de atención estará centrado en el máximo tribunal de justicia, con campañas mediatizadas y hasta discursos politizados afines al oficialismo.
La oposición no avala el proceso. “Tomamos la decisión de no participar. Está en juego el proyecto autoritario del gobierno. El Poder Judicial fue un contrapeso en los primeros años de López Obrador, que lo vio como un obstáculo y propuso esta reforma para destruirlo y construir otro afín al oficialismo”, dijo a TN el exdiputado federal Fernando Rodríguez Doval, miembro del secretariado nacional del opositor Partido Acción Nacional (PAN).
Los candidatos debieron pasar por un tamiz para formalizar sus postulaciones. Cada uno de los poderes del Estado formó “comités de evaluación”. Así, los interesados tuvieron que inscribirse y atravesar por un proceso selectivo.
“Aquí tuvimos una situación muy particular. El Poder Ejecutivo nombró a candidatos que tienen una vinculación con Morena (el partido oficialista). El Poder Legislativo, dominado por el gobierno, también”, señaló Rodríguez Doval. Incluso los candidatos sugeridos por el Poder Judicial fueron elegidos por el Senado, dado que los comités evaluadores no pudieron hacer su trabajo, según denunció la magistrada María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, una ONG integrada por mujeres que desempeñan funciones jurisdiccionales en México.
Rodríguez Doval dijo que la gran mayoría de los postulantes es afín al gobierno. “Al final todos los candidatos vienen del Ejecutivo o del Legislativo y en su gran mayoría tuvieron que ser ´palomeados´ (aprobados) por Morena. El problema es que los candidatos no son los deseados, sino nombrados por comités afines" al partido gobernante, afirmó.
México es un país atravesado por el narcotráfico y el crimen organizado.
Esta realidad le agrega un condimento extra a estas elecciones. Nadie duda de que la política, las fuerzas de seguridad y hasta la justicia han sido cooptados por los grandes carteles del narcotráfico, en especial a nivel local.
En ese contexto de violencia y criminalidad, son muchos los que advierten sobre la posibilidad de una irrupción del narcotráfico en la elección directa de los jueces.
“El crimen organizado tiene mucha fuerza y ha crecido en los últimos años. Existe un riesgo claro de que los carteles puedan colocar jueces afines a sus propios intereses”, dijo Rodríguez Doval.
Para Prieto Curial, la incursión del crimen organizado en la elección de jueces es un tema alarmante. En ese contexto, recordó que muchos candidatos a cargos representativos “tienen relaciones directas con el crimen organizado” y otros “son amedrentados o asesinados”.
“Ahora, al votar por jueces, lo que estamos haciendo es elegir candidatos según su popularidad y la popularidad es tal vez la del crimen organizado. Entonces es exageradamente preocupante porque a los candidatos los amedrentan, los amenazan, y a los jueces también. Ese es el problema que al se enfrentan”, indicó.
El analista dijo que hay muchos postulantes bajo sospecha. Distintas ONG señalaron por ejemplo a la abogada Silvia Delgado, candidata en Ciudad Juárez y exintegrante del equipo legal del capo del Cartel de Sinaloa, Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado en Estados Unidos.
Otros aspirantes considerados “riesgosos” son Leopoldo Chávez, que estuvo preso en Estados Unidos por tráfico de drogas; Fernando Escamilla, exabogado del jefe del Cartel de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño, y el exfiscal Francisco Herrera, señalado por amenazar a dos periodistas que finalmente fueron asesinados. De hecho, la ONG Defensorxs publicó en su sitio web una veintena de nombres de candidatos sospechosos, reseñó AFP.
“Un candidato propuesto por el Cartel muy seguramente tiene la elección ganada y sus juicios van a ser sesgados para favorecer al Cartel”, sostuvo Prieto Curial.
Pero la presidenta Sheinbaum minimizó el impacto de estas postulaciones. “Es el 0,01% de todos” los aspirantes, afirmó.
México es un país atravesado por el narcotráfico y el crimen organizado.
Esta realidad le agrega un condimento extra a estas elecciones. Nadie duda de que la política, las fuerzas de seguridad y hasta la justicia han sido cooptados por los grandes carteles del narcotráfico, en especial a nivel local.
En ese contexto de violencia y criminalidad, son muchos los que advierten sobre la posibilidad de una irrupción del narcotráfico en la elección directa de los jueces.
“El crimen organizado tiene mucha fuerza y ha crecido en los últimos años. Existe un riesgo claro de que los carteles puedan colocar jueces afines a sus propios intereses”, dijo Rodríguez Doval.
Para Prieto Curial, la incursión del crimen organizado en la elección de jueces es un tema alarmante. En ese contexto, recordó que muchos candidatos a cargos representativos “tienen relaciones directas con el crimen organizado” y otros “son amedrentados o asesinados”.
“Ahora, al votar por jueces, lo que estamos haciendo es elegir candidatos según su popularidad y la popularidad es tal vez la del crimen organizado. Entonces es exageradamente preocupante porque a los candidatos los amedrentan, los amenazan, y a los jueces también. Ese es el problema que al se enfrentan”, indicó.
El analista dijo que hay muchos postulantes bajo sospecha. Distintas ONG señalaron por ejemplo a la abogada Silvia Delgado, candidata en Ciudad Juárez y exintegrante del equipo legal del capo del Cartel de Sinaloa, Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado en Estados Unidos.
Otros aspirantes considerados “riesgosos” son Leopoldo Chávez, que estuvo preso en Estados Unidos por tráfico de drogas; Fernando Escamilla, exabogado del jefe del Cartel de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño, y el exfiscal Francisco Herrera, señalado por amenazar a dos periodistas que finalmente fueron asesinados. De hecho, la ONG Defensorxs publicó en su sitio web una veintena de nombres de candidatos sospechosos, reseñó AFP.
“Un candidato propuesto por el Cartel muy seguramente tiene la elección ganada y sus juicios van a ser sesgados para favorecer al Cartel”, sostuvo Prieto Curial.
Pero la presidenta Sheinbaum minimizó el impacto de estas postulaciones. “Es el 0,01% de todos” los aspirantes, afirmó.
