La iniciativa será presentada ante la Cámara de Diputados y busca garantizar derechos, mejorar el acceso a la atención y establecer un sistema de trabajo conjunto entre Salud, Educación, Desarrollo Social, municipios y organizaciones comunitarias.

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Salud y Ambiente, finalizó el anteproyecto de Ley Provincial de Salud Mental, una propuesta que busca adaptar las políticas de atención a las necesidades de las distintas localidades y garantizar los derechos de las personas que utilizan los servicios sanitarios.

La redacción concluyó el pasado 3 de noviembre, luego de un proceso de trabajo que reunió a organismos provinciales, municipios, colegios profesionales, representantes de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), defensorías y organizaciones sociales.

El documento será presentado ante la Legislatura provincial para su tratamiento y tiene como uno de sus principales objetivos preservar los derechos establecidos en la Ley Nacional 26.657, incorporando herramientas específicas para la realidad santacruceña.

Rodas: una ley que contemple las necesidades de Santa Cruz

El subsecretario de Salud Mental Integral, Mariano Rodas, explicó que la elaboración del anteproyecto responde a la necesidad de contar con una normativa provincial que mantenga los derechos alcanzados y profundice el modelo de atención comunitaria.

El funcionario señaló que uno de los puntos centrales es evitar el regreso de hospitales monovalentes, es decir, establecimientos destinados exclusivamente a la internación psiquiátrica.

Según sostuvo, la propuesta busca garantizar que las personas atendidas sean reconocidas como sujetos de derecho, con autonomía y dignidad, evitando que un diagnóstico determine su identidad o limite sus posibilidades de integración social.

Salud mental: no será responsabilidad exclusiva de los hospitales

Una de las principales novedades del anteproyecto es la incorporación del concepto de corresponsabilidad institucional, que propone involucrar a diferentes áreas del Estado en la prevención, atención y acompañamiento de las personas.

Esto significa que organismos vinculados con Vivienda, Empleo, Desarrollo Social, Educación y Deporte deberán participar en la construcción de políticas de salud mental, junto con municipios, comisiones de fomento y organizaciones sociales.

El proyecto también contempla la creación de mesas de enlace y una organización por regiones sanitarias, teniendo en cuenta las distancias y particularidades geográficas de Santa Cruz.

Capacitación para trabajadores del Estado

En paralelo, la Subsecretaría de Salud Mental Integral puso en marcha una capacitación de cinco módulos, mediante la Secretaría de Función Pública, destinada a trabajadores provinciales y municipales.

La intención es extender esta formación con carácter obligatorio a funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial, para mejorar las herramientas de intervención y acompañamiento en situaciones relacionadas con la salud mental.

Preocupación por adolescentes y jóvenes

Otro de los ejes prioritarios es el aumento de la demanda de atención en adolescentes y jóvenes, una situación que llevó a profundizar el trabajo conjunto con el Consejo Provincial de Educación.

Rodas destacó que las instituciones educativas cumplen un papel fundamental en la detección temprana de problemáticas y en el acompañamiento de estudiantes y docentes.

En ese sentido, explicó que se presentaron propuestas destinadas tanto a los alumnos como a los equipos educativos, con el propósito de brindar herramientas de prevención y contención.

El próximo paso será el debate legislativo

El anteproyecto también se inscribe en el debate nacional sobre una posible modificación de la Ley de Salud Mental. Rodas manifestó su preocupación por eventuales retrocesos en materia de derechos y señaló que Santa Cruz participó en estudios federales presentados ante el Congreso Nacional.

Con la etapa de redacción finalizada, la propuesta provincial quedó en condiciones de ser remitida a la Cámara de Diputados, donde deberá atravesar el correspondiente tratamiento parlamentario antes de convertirse en ley.