El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, participó este martes de una nueva mesa de negociación en la Secretaría de Trabajo de la Nación, en el marco del conflicto que afecta a la actividad pesquera en varias provincias patagónicas. La reunión, que se extendió durante varias horas, fue convocada tras los reclamos impulsados junto a su par de Chubut, Ignacio Torres. También asistió el intendente de Puerto Deseado, Juan Raúl Martínez.

El encuentro contó con la participación del gobierno nacional, cámaras empresariales del sector pesquero y representantes de sindicatos como el SOMU y el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales. Según manifestó Vidal en sus redes sociales, se trató de una “reunión tensa”, en la que se plantearon propuestas concretas por parte de las provincias para sostener el empleo y reactivar la actividad en condiciones equitativas.

“Todavía no se llega a un acuerdo de todas las partes”, indicó el mandatario santacruceño, y confirmó que se pasó a un cuarto intermedio hasta mañana, a la espera de una nueva propuesta por parte del sector empresario.

Un conflicto que golpea al empleo y a las economías regionales

La actividad pesquera en la región atraviesa un parate desde hace semanas, como consecuencia de una disputa entre las cámaras empresariales y los gremios marítimos por la firma de un nuevo convenio colectivo. Entre los principales puntos en discusión se encuentran las condiciones laborales, los montos salariales y la distribución de tareas en los buques.

La falta de acuerdo ha generado la paralización de flotas y la suspensión de zarpes en varios puertos de la Patagonia, con un fuerte impacto en las economías locales, tanto por la pérdida de ingresos como por el freno a la cadena productiva que incluye procesamiento, transporte y exportación.

“La pesca no puede seguir paralizada. No podemos seguir dilatando decisiones que afectan a cientos de trabajadores y a economías regionales que dependen directamente de esta actividad”, remarcó Vidal, quien reafirmó su compromiso con el diálogo, pero advirtió que los resultados son urgentes.

Desde Santa Cruz y otras provincias del sur, el pedido es claro: garantizar la continuidad de la actividad con reglas claras, respeto por los derechos laborales y una distribución justa de los beneficios de una de las industrias más importantes del litoral marítimo argentino.