El Bloque de Diputadas y Diputados de Unión por la Patria - PJ de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz expresó su “más enérgico rechazo y repudio” al decreto del Gobierno Nacional que contempla la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, junto a otros organismos clave como la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

A través de un comunicado, los legisladores remarcaron que estos organismos “no solo cumplen funciones esenciales en la planificación, ejecución y fiscalización del sistema de transporte y de la red vial argentina, sino que representan el rol activo y estratégico del Estado en áreas claves para el desarrollo productivo, la seguridad y la integración territorial”.

Desde el bloque señalaron que esta decisión “no es una sorpresa, sino una consecuencia directa de la Ley Bases (Nº 27.742)”, aprobada recientemente con el respaldo de los legisladores nacionales Roxana Reyes y José Luis Garrido. “Con total liviandad, optaron por entregar superpoderes a un Presidente que desprecia al Estado pero no duda en servirse de él”, indicaron. Y añadieron: “Hoy, esas mismas manos levantadas en el Congreso son responsables de permitir estos ataques a las instituciones y a quienes sostienen todos los días el funcionamiento de nuestro país. Que no nos engañen con falsos discursos”.

En el mismo sentido, los diputados provinciales denunciaron una contradicción evidente entre el freno total a la obra pública y la vigencia de la Ley de Combustibles, que establece que un porcentaje del impuesto recaudado debe destinarse a infraestructura vial. “El Estado sigue cobrando ese impuesto, pero no invierte, lo que representa una maniobra de desfinanciamiento deliberado”, advirtieron.

“El cierre de Vialidad Nacional se inscribe en un proyecto político que busca retirar al Estado de sus funciones estratégicas, condenando al país al estancamiento, a la pérdida de competitividad y al deterioro social. Sin rutas no hay producción, no hay desarrollo, no hay Nación”, sostuvieron.

Finalmente, el bloque expresó su solidaridad con las y los trabajadores de los organismos afectados y ratificó el compromiso de llevar adelante todas las gestiones necesarias para defender sus puestos de trabajo y el rol estratégico del Estado. “Reafirmamos que este no es solo un ataque a un organismo, es un ataque al futuro de la Argentina”, afirmaron.

“Por todo esto, expresamos nuestro más firme repudio al decreto anunciado, y hacemos responsables tanto al Poder Ejecutivo Nacional como a quienes en el Congreso lo habilitaron para destruir lo construido”, concluye el documento.