La norma, promulgada en el Boletín Oficial, reorganiza el órgano de revisión externo con mayor autonomía y precisiones sobre su funcionamiento, atribuciones y procedimientos. El detalle del articulado.


El Gobierno de Santa Cruz promulgó la Ley N° 3938, que regula la organización y constitución del Tribunal de Cuentas, el órgano de control externo de la provincia. La normativa, sancionada el 12 de junio por la Legislatura y promulgada el 8 de julio, establece nuevas reglas para su composición, funciones y procedimientos, con el objetivo de fortalecer la transparencia en la gestión de los fondos públicos.

La ley define al Tribunal como el ente encargado del control posterior de la gestión financiera, patrimonial y legal del sector público provincial, municipios, comisiones de fomento y entidades que administren recursos estatales. Estará integrado por un presidente y cinco vocales, todos profesionales en ciencias económicas o abogados, designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo legislativo, salvo uno que será propuesto por la primera minoría política.

Entre las novedades, se destaca la inamovilidad de los miembros mientras dure su "buena conducta", salvo remoción por causales específicas. Además, se prohíbe que ejerzan otras funciones públicas o actividades rentadas, excepto la docencia. El Tribunal contará con secretarios presupuestarios y legales, auditores y personal técnico, seleccionados por concurso.

La norma detalla los procedimientos para el examen de cuentas, la imposición de multas (hasta el 50% del sueldo en casos graves) y la facultad de iniciar juicios de responsabilidad contra funcionarios. También establece plazos perentorios para la rendición de cuentas y la resolución de expedientes, con el fin de agilizar los procesos.

Otra innovación es la creación de un recurso de revisión ante el propio Tribunal y la posibilidad de apelar ante la Justicia en caso de sentencias condenatorias. La ley deroga normas anteriores y entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

Esta reforma busca modernizar el control de la hacienda pública en Santa Cruz, en línea con estándares de eficiencia y accountability, aunque su impacto dependerá de la aplicación concreta en un contexto de demandas por mayor fiscalización de los recursos provinciales, según se argumenta en el texto.