La Legislatura modificó una ley vigente desde 2004 y los estudios preventivos de cáncer de mama y cervicouterino dejarán de estar vinculados al ingreso laboral al Estado provincial.

La Legislatura de Santa Cruz aprobó una modificación a la Ley Provincial N° 2698, vigente desde 2004, que cambia el esquema de controles médicos preventivos exigidos para el ingreso a la Administración Pública provincial.

La iniciativa, impulsada por el diputado por El Calafate Carlos Alegría, elimina la obligatoriedad que alcanzaba a mujeres de entre 18 y 60 años de realizar un citodiagnóstico para la detección de cáncer cervical y un examen mamario como parte de los requisitos para acceder al empleo público.

Con la reforma, estos estudios dejarán de estar asociados al ingreso laboral y pasarán a formar parte de una política sanitaria de prevención y detección temprana, con controles gratuitos y campañas impulsadas por el Estado provincial.

Qué cambia con la nueva ley

El nuevo texto establece que el Poder Ejecutivo deberá promover de manera permanente acciones de prevención, concientización, información y acceso oportuno a controles relacionados con el cáncer de mama y cervicouterino.

Además, incorpora principios de igualdad, autonomía personal, consentimiento informado, confidencialidad y protección de los datos personales vinculados con la salud.

Uno de los cambios centrales establece que ninguna persona podrá ser excluida, condicionada, limitada o discriminada para acceder al empleo público provincial por haberse realizado o no estos estudios preventivos, ni por otras prácticas médicas que no tengan relación directa con la aptitud necesaria para desempeñar el cargo.

De esta manera, se mantiene la prevención sanitaria, pero se la desvincula de los requisitos laborales para ingresar al Estado.

Campañas y controles gratuitos en Santa Cruz

La modificación también establece que el Ejecutivo deberá desarrollar campañas periódicas de prevención y detección temprana, garantizando el acceso gratuito, oportuno y equitativo a los controles correspondientes en todo el territorio santacruceño.

Otro de los puntos incorporados es la confidencialidad de la información médica. Los datos obtenidos durante estos controles deberán ser protegidos de acuerdo con las normas vigentes sobre datos personales, derechos del paciente y secreto profesional.

La reforma busca, además, diferenciar la aptitud necesaria para desempeñar una función pública de aquellos estudios médicos cuyo objetivo es exclusivamente preventivo.

En los fundamentos del proyecto, Alegría sostuvo que “la prevención sanitaria debe promoverse activamente, pero sin constituir una condición que pueda afectar el ejercicio del derecho al trabajo” cuando los estudios no tengan relación directa con las funciones del puesto.

El Ejecutivo tendrá 180 días para reglamentarla

Antes de llegar al recinto, el proyecto pasó por las comisiones de Desarrollo Social, Salud, Derechos Humanos y Vivienda y de Legislación General, donde obtuvo despacho favorable con una modificación técnica.

Tras su sanción, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 180 días desde la promulgación para reglamentar la nueva ley.

Al fundamentar la modificación, Alegría resumió el objetivo de la iniciativa: “El presente proyecto no elimina la prevención; la fortalece. No reduce derechos; los amplía”.