La diputada nacional Roxana Reyes expresó su firme rechazo al proyecto de Ley N.º 289, impulsado por el bloque oficialista en la Legislatura de Santa Cruz, bajo el título “Ley de Protección del Entorno Escolar y del Derecho a la Educación sin Interferencias”. Para la legisladora, la iniciativa constituye un intento encubierto de limitar derechos fundamentales como la protesta social, la participación gremial y la libertad de expresión.

“Lejos de constituir una herramienta de protección del derecho a la educación, esta iniciativa representa un grave retroceso en términos democráticos y de libertades públicas”, afirmó Roxana Reyes, y advirtió que el texto legal “viste con un ropaje pedagógico lo que en realidad es una avanzada contra las voces disidentes”.

Desde su banca en el Congreso Nacional y con una extensa trayectoria en la defensa de la educación pública y los derechos sociales, Rxoana Reyes advirtió que el proyecto introduce un falso dilema al contraponer el derecho a educarse con el derecho a manifestarse. “No se trata de elegir entre educación o protesta: ambos derechos pueden y deben convivir en una democracia. Encerrar a la comunidad educativa en un perímetro ‘protegido’ no es protegerla, es aislarla”, sostuvo.

La diputada fue contundente al señalar que esta propuesta “no resuelve el problema de fondo”, y que más que proteger la educación, busca acallar los reclamos que surgen por el deterioro edilicio, las condiciones precarias de trabajo docente y la falta de inversión estatal. “Callar el conflicto no lo resuelve. Silenciar el reclamo es apenas una forma de perpetuar las causas que lo motivan”, subrayó.

Además Roxana Reyes recordó que en un Estado de Derecho, la libertad de expresión, la protesta pacífica y la participación sindical no son delitos ni actos disruptivos, sino garantías constitucionales que protegen a los ciudadanos frente a posibles abusos del poder.

Finalmente, la legisladora llamó a la responsabilidad de los diputados provinciales: “Llamamos a los legisladores provinciales a rechazar este proyecto: el Estado debe escuchar y responder con políticas, no con sanciones”, destacó Roxana Reyes.